Con la presencia de la secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), Sara Oviedo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, profundizó el análisis de las propuestas penales para enfrentar al crimen organizado. El tema de la imputabilidad de los menores infractores generó un intenso debate.
La doctora María Paula Romo, titular del organismo legislativo, anunció que el informe estaría listo entre el jueves o viernes, luego del proceso de socialización y recepción de aportes y observaciones, al anticipar que existe un apoyo mayoritario para imponer penas severas para quienes utilizan a jóvenes en acciones delicuenciales.
Sara Oviedo consideró que los planteamientos que buscan bajar la edad de imputabilidad, aumentar las penas o disminuir las garantías para adolescentes en conflicto con la Ley Penal, no deben ser acogidos, por contravenir la Constitución y los instrumentos internacionales, de categoría supralegal y de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos.
Sobre la base de informaciones de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia, Dinapen, la funcionaria de la CNNA explicó que hay un millón 900 mil adolescentes, de los cuales 606 están detenidos por problemas legales. El 48% representa a menores de 16 a 17 años, mientras el 52% corresponde a menores de 12 a 15 años, tras precisar que urge determinar las causas y razones de la participación de este sector poblacional en la delincuencia.
Entre tanto, las asambleístas Soledad Vela, Gina Godoy, Mariangel Muñoz y Marisol Peñafiel coincidieron con los puntos de vista de Sara Oviedo, tras destacar que no se debe legislar bajo presión ni miedo alguno.
Acoger el planteamiento de imputar o duplicar las penas para los menores de edad, al margen de las normas constitucionales y preceptos internacionales, provocaría que se termine con un proyecto de construcción de vida, dijeron, al destacar que el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos por mejorar las condiciones del sector y fijar verdaderas políticas de rehabilitación de los que hoy guardan prisión, que es lo idóneo y adecuado en este caso.
Azote delincuencial
Mientras, Vicente Taiano, Andrés Páez y Henry Cuji comentaron que Ecuador vive sumido en un estado de total violencia, por tanto, la Asamblea Nacional tiene que ofrecer respuestas claras frente a las expectativas e intranquilidad de la ciudadanía.
Si a los menores se les otorgó la facultad de ejercer su derecho al voto, también ese 7% que ha caído en el cometimiento de delitos debe ser procesado por la justicia. Es más, las sanciones tienen que ser más drásticas para aquellos que utilizan a niños en el crimen organizado, puntualizaron.
MG/eg
