La asambleísta por la provincia de Manabí, María Soledad Vela, señaló que el estado de excepción para la Función Judicial decretado por el Presidente de la República es necesario, por la crisis que aqueja a la administración de justicia, la cual está a punto de generar una conmoción interna, que se evidencia día a día por la ineficiencia en el servicio, lo cual afecta directamente a la ciudadanía.
Afirmó que los administradores de justicia no estarían cumpliendo el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución, es decir, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos de las personas, a través de las garantías del debido proceso.
Precisó que en nuestro país, hasta el año anterior existió un millón 225 mil 912 causas acumuladas. Solo en su provincia, Manabí, según la información otorgada por el Ministerio de Justicia, hay 62 mil 600 causas civiles; dos mil 960 penales; y, 15 mil 493 de niñez y adolescencia represadas. En el Oro, se registran 45 mil 943 causas civiles acumuladas; en Guayas, 15 mil 757 penales represadas; en Azuay, 11 mil 977 causas referentes a niñez y adolescencia acumuladas.
Además, según revela un estudio de Projusticia en materia penal, el 50% de las judicaturas consultadas coincidió en que no existen suficientes auxiliares por judicatura, mostrando así la necesidad de apoyo técnico legal para despachar de forma más rápida las causas. El 31% considera que no existen suficientes jueces por judicatura. Hasta el momento, la Función Judicial utiliza el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, SATJE, pero solo una parte de la función judicial cuenta con el mismo; sin embargo, este sistema tiene una serie de problemas, que generan rezagos y acumulación de causas, agregó.
Bajo estas realidades que vivimos a diario los ecuatorianos, la asambleísta por la provincia de Manabí dijo que la decisión del Ejecutivo de declarar el estado de excepción a la Función Judicial es oportuna y de ninguna manera tiene la intención de manejar a esta entidad, pues el Consejo de la Judicatura es el organismo que debe ejecutar el plan de justicia.
JLVN/eg
