La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por la legisladora Dora Aguirre Hidalgo, en el marco de la Jornada de la Democracia por el Buen Vivir, mantuvo este miércoles una sesión de trabajo en la cual estuvieron presentes varios delegados de diversas organizaciones de migrantes, quienes -en condición de asambleístas por un día- expusieron sus aportes en la construcción del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Integral de Movilidad.
Ronny Ordóñez, uno de los ecuatorianos retornados, saludó el proyecto de Ley de Movilidad, puesto que recoge las experiencias de los compatriotas residentes en el exterior; sin embargo, dijo, es necesario establecer algunos temas relacionados con las dificultades que enfrentan las ciudadanas y ciudadanos que regresan al Ecuador, en particular, aquellas personas que llegan a una edad en la cual no pueden acceder a plazas de empleo.
Para Sonia Quishpe, representante de los colectivos de jóvenes migrantes, Ecuador está cambiando y parte de ese cambio se expresa en la creciente participación de la ciudadanía en el debate de las leyes y demás procesos que se desarrollan en la Función Legislativa.
Añadió que lo fundamental es que la ley, que beneficiará a los migrantes retornados, contenga mecanismos que permitan un reconocimiento o equiparación, no solo de los títulos obtenidos en el exterior, sino las competencias, capacidades y experiencias acumuladas en su desempeño profesional fuera del país.
Entre tanto, Juan Carlos Piedra, del Movimiento Ecuador en el Reino Unido, sugirió se incorpore en la ley a las personas que han sido declaradas en situación de desahucio, a la vez, que ésta sea una reforma marco que abra las posibilidades hacia el mejoramiento de la calidad de vida, no solo de los ecuatorianos que salieron de nuestro país hacia España, sino de quienes están en doble migración, cuando han ido de España hacia el Reino Unido, por ejemplo.
Raúl Jiménez, activista de los derechos de los migrantes en España, calificó al proyecto como una ley positiva porque recoge en gran parte la lucha que han efectuado los colectivos de migrantes desde hace 15 años. Es una ley que va a garantizar los derechos de asistencia social, vivienda, familia (la reunificación), mejores condiciones de vida, tanto en el exterior (en los países receptores), cuanto en Ecuador, con los más de 70 mil ecuatorianos retornados desde 2013.
La presidenta del organismo legislativo, Dora Aguirre, exteriorizó su satisfacción por los aportes al proceso de construcción del proyecto de Ley Integral de Movilidad, ya que se busca que la normativa responda a las reales condiciones de vida que afrontan los ecuatorianos residentes fuera de los linderos patrios y la adecuada reinserción de los compatriotas que se han acogido a los programas de retorno impulsados por el Gobierno.
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