El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante, al evaluar el informe de la Comisión que investigó el caso Angostura, aseveró que éste no cierra el tema ni su discusión.Sostuvo que queda claro que el convenio que permitió la utilización de la Base Aérea de Manta por parte de EEUU fue más allá de lo que era su explícito propósito el combate al narcotráfico, pues se utilizó para la inteligencia estratégica de las operaciones de las fuerzas norteamericanas en el hemisferio sur y especialmente en Colombia, además de la interdicción de la migración ilegal.
Eso, reiteró, implica una violación del propio acuerdo, por tanto el país tendrá que asumir ese hecho y sacar las pertinentes conclusiones. Una de ellas, es que en el futuro no podemos permitir que firmen o aprueben tratados que no tengan las necesarias garantías para que las partes cumplan con lo escrito o establecido, más cuando el documento mismo fue seriamente cuestionado en cuanto a su constitucionalidad y conveniencia.
Igualmente, continuó, queda claro que los servicios de inteligencia nacional, tanto policial cuanto militar demostraron una débil institucionalidad y que tenían mayor coordinación con las autoridades de otros países que con las propias de Ecuador; que el Gobierno no tuvo, como tal, ninguna vinculación con las FARC o el campamento de Raúl Reyes en Angostura. Sin embargo queda en la incógnita la posible participación de compatriotas particulares o ex funcionarios del régimen en actividades o vínculos con esta organización insurgente, allí es donde existen mayores cabos sueltos, añadió.
Enfatizó que es una amenaza la supuesta presencia de actores criminales transnacionales y de grupos violentos en nuestras fronteras; la posibilidad de una penetración del narcotráfico y de la guerrilla en nuestras instituciones y la sociedad es algo sobre lo cual hay que mantener un programa preventivo agresivo, a fin de evitar que nos convirtamos en refugio de actividades ilegales, violentas y criminales.
Lamentó la falta de colaboración del gobierno colombiano con los comisionados para esclarecer qué tipo de aparatos, de aviones realizaron el ataque, más aún cuando en el bombardeo se usó un tipo especial de misiles aire tierra, al tiempo de precisar que el informe a pesar de los avances muestra, en varios puntos, falta de profesionalismo y de verificación de fuentes.
Personalmente, opinó que es poco convincente el involucramiento de María Augusta Calle, por lo que el caso debería ser archivado, al señalar que le preocupa las circunstancias de la muerte de Ángel Lapo, titular de la Junta de Vecinos de Barranca Bermeja, quien habría proporcionado información referente al sistema de tráfico y contrabando en la frontera y que también habrían desaparecido otros dos informantes.
MG
