Con 103 votos a favor, mediante resolución, el Pleno respaldó decididamente la iniciativa del Estado ecuatoriano de mantener inexploradas las reservas de petróleo del campo ITT, en el Parque Nacional Yasuní, que tiene por objetivos combatir el calentamiento global; proteger la biodiversidad y combatir la pobreza; y, apoyar el ejercicio del derecho de aislamiento voluntario de las culturas indígenas no contactadas (Tagaeri y Taromenane)
El texto de la resolución apoya los esfuerzos que realice el gobierno a nivel nacional e internacional para impulsar la iniciativa Yasuní ITT, comprometiéndose a respaldarla y a contribuir para que se materialicen sus objetivos de enfrentar los problemas del cambio climático, conservar la biodiversidad y combatir la pobreza
Igualmente, recalca que esta iniciativa se inscribe en un marco normativo en el que la naturaleza tiene derechos inalienables y que es obligación del ser humano reconocerla como sujeto con derechos y legitimidad procesal, con valores intrínsecos independientes.
Así mismo, exhorta a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas con responsabilidad social y ambiental y, en general, a todos los ciudadanos del mundo, a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo ITT, a través de los mecanismos establecidos en la iniciativa, en respuesta al reconocimiento de la deuda ecológica que los países industrializados mantienen para con la humanidad.
También, apoyar el ejercicio del derecho al aislamiento voluntario de los pueblos y nacionalidades indígenas no contactadas (Tagaeri y Taromenane) y reconocer sus formas de vida intrínsecas.
La Función Legislativa, por decisión de sus integrantes, se compromete ante el pueblo ecuatoriano a respaldar las iniciativas que promuevan los derechos de la Naturaleza y, a la vez, a vigilar que los recursos naturales del país sean aprovechados de manera racional.
La propuesta ITT se presenta como una solución urgente al problema ambiental mundial y constituye a la vez un punto de ruptura en la historia ambiental, basada en los derechos de la naturaleza, por lo que se convierte en una iniciativa emblemática para cuestionar la lógica del desarrollo extractivista. Además que rebasa las visiones sectoriales e incluso supera la visión nacional, subrayó la asambleísta María Molina, proponente del proyecto.
Como se recuerda, el Estado ecuatoriano creó la iniciativa Yasuní ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), que plantea el compromiso de no explotar 846 millones de barriles de reservas probadas de crudo pesado y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, provenientes de la quema de combustibles fósiles en áreas cultural o ambientalmente frágiles, agregó.
Hay que tomar en cuenta que los impactos sociales y ambientales de la actividad petrolera han sido significativos, tanto a nivel local como mundial, por lo que se han constituido en una amenaza para áreas de alta sensibilidad biológica, cultural y social en un país megadiverso como el nuestro, siendo necesario orientar al Ecuador hacia un modelo de desarrollo orientado a establecer una perspectiva económica pospetrolera, que sea ambiental y socialmente sustentable, precisó la asambleísta María Molina, vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad.
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