Asambleístas integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero defendieron los informes de mayoría y de minoría presentados en la Secretaría de la Asamblea Nacional, en torno al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Los primeros, argumentaron que la propuesta no es discriminatoria, sino incluyente y beneficia a todos los sectores del país, mientras que los segundos pidieron que se tomen en cuentas algunos de los planteamientos formulados en los respectivos informes de minoría.
En este marco, el asambleísta Jimmy Pinoargote, vicepresidente del organismo legislativo, defendió el proyecto de ley, porque se ajusta a los preceptos constitucionales y toma en cuenta varias opiniones de los diferentes sectores que benefician en sí a la ciudadanía, como por ejemplo lo referente a la prelación del agua, es decir, que lo primero es el consumo humano, luego el riego, abrevadero y agricultura para garantizar la soberanía alimentaria, después la conservación del caudal ecológico; y, finalmente, el aprovechamiento productivo.
Al referirse a las aguas termales, consideró que no se podía impedir su utilización con fines turísticos, cuando hay pueblos que viven de ello. Además, se estableció un capítulo que preserva el agua en calidad y cantidad, la Autoridad Única del Agua y los gobiernos autónomos descentralizados formularán y aplicarán políticas públicas orientadas a promover la nueva cultura del agua como patrimonio nacional; desarrollar capacidades en los usuarios para la protección y conservación de las fuentes de agua; y, promover el control y vigilancia ciudadana y comunitaria en su calidad y cantidad.
De su lado, Lídice Larrea, vocal de la Comisión, expresó su satisfacción por ser partícipe de cómo este tema ha sido socializado con los diversos sectores involucrados en la temática, por ello, da fe de su legitimidad, porque vela por los intereses de los ciudadanos. “No hemos legislado a favor de un sector étnico, sino pluriétnico. Invito a los asambleístas a leer bien todo el articulado, porque recoge el sentir de todos los ciudadanos, pues, se han incluido cambios que viabilizan y protegen a diferentes sectores que contribuyen con la economía, empleo y progreso de nuestro país”, aseveró.
Además, dijo, hubo una intensa participación ciudadana, se consideró el sistema de equidad a nivel transversal de la ley, e inclusive se tomó en cuanta cerca del 90% de los aportes del asambleísta Pedro de la Cruz; los derechos colectivos de comunas, pueblos y comunidades fueron respetados como una identidad cultural, se permite la participación y control social en las áreas hídricas, así como las veedurías ciudadanas de la gestión pública en lo que respecta al manejo, preservación de cuencas y microcuencas.
Igualmente, se garantiza la conservación de fuentes de agua. Se deja claramente establecida la no privatización de este recurso, porque jamás vamos a permitir su venta, comercialización o aprovechamiento, sino defender lo que determina la Constitución, por ello, las empresas existentes deberán pagar una tarifa diferenciada. Este proyecto no es discriminatorio, sino incluyente, orientado hacia los beneficios de nuestro país, añadió.
Entre tanto, Pedro de la Cruz, en su exposición, precisó que se debe desprivatizar lo que al momento está en manos de empresas privadas, tomando en cuenta que el agua es para el consumo humano, por lo que se debe poner un alto al enriquecimiento ilícito de las empresas embotelladoras y en pocas manos. Así mismo, las aguas termales constituyen un derecho humano a la salud, por lo que este recurso no se debe dejarse en manos de pocos empresarios, a la vez que consideró que es inconstitucional que se mantenga la concesión de Interagua, porque la responsabilidad en la dotación del servicio de agua potable corresponde a los municipios. Se debe tomar en cuenta la participación ciudadana desde las bases. Es necesario definir claramente la redistribución del agua para el riego a fin de proteger la soberanía alimentaria.
Para Gilmar Gutiérrez, la normativa viola la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, porque establece que la rectoría de las políticas y regulaciones las emite la Autoridad Única del Agua. Por ello, presentó un informe de minoría que responda a las expectativas de los usuarios y garantice las competencias de las juntas parroquiales, los municipios y los consejos provinciales.
El asambleísta Ramiro Terán, en cambio, tras saludar al pueblo campesino, indígena y regantes que han asistido a la Asamblea Nacional para ser parte del debate de este proyecto de ley, señaló que el bloque Plurinacional presentó un informe de minoría, en razón de que algunos de los planteamientos de este sector no fueron acogidos por la Comisión, como es el caso de Interagua, cuya concesión debe terminar inmediatamente.
Es claro ver que el Secretario Nacional del Agua tendrá amplias facultades, por lo que pidió al Pleno que el cuerpo legal sea revisado minuciosamente, concluyó.
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