En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, la Subsecretaria de Trabajo, Margarita de la Cueva; la gerenta de Autoridad Portuaria, Diana Dunn y ex trabajadores de la entidad, explicaron sobre las presuntas irregularidades en el pago de las correspondientes pensiones.La subsecretaria de Trabajo, Margarita de la Cueva aclaró que no se está defendiendo el bono de comisariato, el mismo que fue declarado nulo por mandato constitucional y lo que se está defendiendo es que Autoridad Portuaria cumpla con el incremento de la pensión jubilar, que por desconocimiento, por error, por buena fe, o por mala fe, se les dio a los ex empleado de la institución.
Señaló que la pensión jubilar fue elevada en forma expresa, al ser pagada en el décimo tercer sueldo desde el 2003, incremento que quedó reconocido por Autoridad Portuaria, lo cual fue ratificado por el Ministerio de Relaciones Laborales, en el sentido que la pensión corresponde a la remuneración de los jubilados.
De su lado, la gerenta general de Autoridad Portuaria de Guayaquil, Diana Dunn, subrayó que el bono fue reconocido mediante acta en la cual consta que a cada jubilado se le dieron cinco mil dólares y se congeló en 300 la pensión jubilar, pero en ese mismo documento se determina que para el cálculo del décimo tercero y décimo sexto sueldos se le pagaba un bono, mismo que no debía ser considerado de manera regular como parte de la remuneración, lo cual está suscrito por los trabajadores y el empleador.
Mientras, la secretaria de los jubilados, Leonor Aldaz, pidió que Autoridad Portuaria de Guayaquil considere la edad de los jubilados, quienes dieron su vida a la institución, que al momento están divididos en dos grupos, uno constituido por 300 trabajadores que reclaman jubilaciones justas y, otro, de 64, que reclama el bono. Por tanto, el tema no debe ser tratado de la misma manera.
Derechos irrenunciables
Entre tanto, la presidenta del organismo legislativo, Nivea Vélez, subrayó que los derechos son irrenunciables y que los jubilados de Autoridad Portuaria se sienten respaldados con la intervención del ministerio de Relaciones Laborales, por lo que el directorio debe responder sobre el incumplimiento de un acuerdo.
Anticipó que se convocará a los miembros del directorio del la entidad portuaria, en forma inmediata y urgente, para que la próxima semana responda por el incumpliendo de las obligaciones y los problemas suscitados con los jubilados de esa institución, acogiendo la moción planteada por la asambleísta María Augusta Calle, que tuvo el respaldo unánime de los diez asambleístas presentes.
María Augusta Calle recordó que los asambleístas tienen la facultad de fiscalizar políticamente a los funcionarios por el incumpliendo de las funciones encomendadas, constitucionalmente o bajo reglamento, por tanto, los funcionarios de autoridad portuaria tienen la obligación de asistir a la Comisión, en caso de inasistencia, habría motivo para iniciar un proceso político en su contra.
RSA/eg
