Juicio al Consejo de Judicatura, una respuesta a la corrupción, conflicto de intereses, préstamos fuera de los parámetros legales y tráfico de influencias: Mauro Andino

Jueves, 24 de marzo del 2011 - 22:21 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El asambleísta Mauro Andino, proponente del juicio político al Presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, presentó ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, las pruebas de cargo que sustentan las acusaciones.

Una vez concluida la diligencia, se cerró el proceso de sustanciación de pruebas. Desde mañana corre el plazo de cinco días para que el Pleno de la Comisión se pronuncie sobre si procede o no el pedido de juicio político. No se descarta la posibilidad de solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, una ampliación del plazo para presentar el informe motivado.

Mauro Andino, en su exposición que duró más de dos horas, señaló que el juicio político es una respuesta al abuso del poder y al incumplimiento de las funciones en el marco constitucional y legal.

Argumento que existe corrupción, falsedad en la declaración juramentada de bienes, pues en el caso del vocal Luis Germán Vásquez Galarza, omitió cuentas por cobrar y que también incurrió en conflicto de interese, al desempeñarse como Procurador del Banco del Pichincha y vocal del Consejo de la Judicatura.

Sostuvo que Vásquez, en su declaración juramentada del 25 de septiembre del 2009, no informa de la cuenta en el Chance Bank, entidad que el 9 de septiembre del mismo año envía una comunicación al vocal, en la que señala que ha detectado ciertas transacciones inusuales relacionadas a su cuenta y que requieren justificación adicional.

Para sustentar su acusación en el sentido que Vásquez realizaba préstamos fuera de los parámetros legales, afirmó que en el Juzgado Sexto de lo Civil de Pichincha compareció Fabricio Sánchez quien manifiesta que es legítimo tenedor por endoso de una letra de cambio girada a favor de Luis Germán Vásquez Galarza. Así mismo exhibió un certificado de la Superintendencia de Bancos en el que consta que esta entidad no le ha autorizado para que realice las operaciones que prevé el artículo 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

Indicó que existió tráfico de influencias por parte de los doctores Germán Vásquez Galarza, Benjamín Cevallos y Oswaldo Domínguez, a la vez que advirtió que muchos casos quedaron en la impunidad, porque no sancionaron a los jueces que dejaron que caduque la prisión preventiva.

RSA/pv

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