En la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta Mauro Andino, los doctores Victoria Montero y José Vicente Troya, presidenta y miembro, respectivamente, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, así como Vanessa Aguirre, secretaria del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal formularon varios aportes y observaciones al proyecto de Código General de Procesos.
Caución
Victoria Montero dijo que la principal observación del Instituto de Derecho Tributario está vinculada a la caución tributaria para poder demandar en juicio los actos administrativos. Esta caución se ha fijado ya en el Código Tributario en el valor del 10% de la obligación demandada, lo que afecta sobre todo a las personas que menos capacidad económica tienen.
Puso como ejemplo que frente a una glosa de un millón de dólares, la caución sería de 100 mil dólares y respecto de esa realidad muy poca gente en el país tiene recursos para caucionar; de modo que no les afecta a los grandes contribuyentes pero si a los pequeños, subrayó.
En tal sentido, propuso que el tema se lo trate como un incidente del proceso, es decir, que el juez, en su calidad de garante de la Constitución y del acceso del contribuyente a la justicia, determine si es que este actor puede o no caucionar con el 10%. Si su capacidad económica no le permite, el juez puede fijar que sea un 2 o 1%, o capaz que no haya caución, pero ello tiene que ser una función del juez en base a la capacidad contributiva del contribuyente, argumentó.
Realidad judicial
Entre tanto, Vanessa Aguirre manifestó que el proyecto de Código General de Procesos tiene que ajustarse a la realidad ecuatoriana, más aún cuando la normativa será manejada por jueces y abogados.
Hay que evitar que se desvirtúe la naturaleza del recurso de casación; estamos muy de acuerdo con el sistema de audiencias que se está proponiendo; y, creemos que en el asunto de la prueba tiene que haber más flexibilidad para que se puedan incorporar medios que no son los tradicionales, agregó.
Mencionó que el éxito de la aplicación del sistema de la oralidad dependerá que siempre el juez esté presente en las audiencias, a lo que debe sumarse una política de Estado de otorgar muchos recursos a la administración de justicia, para su pleno y adecuado funcionamiento.
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