El presidente de la Asamblea Extraordinaria de Jubilados Adultos Mayores de la Tercera y Cuarta Edad, Édison Lima, indicó que el proyecto de Ley de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, trabajado por la Defensoría del Pueblo y que fue entregado está víspera a la Legislatura es oportuno, toda vez que desde hace 15 años luchan por la protección de los derechos de este grupo de atención prioritaria.
Calificó de importante la propuesta y pidió que el documento sea remitido a la brevedad posible a la Comisión de los Derechos Colectivos, organismo que tiene a su cargo varios proyectos sobre esta temática. Lo fundamental es crear una propuesta unificada que garantice sus derechos que están consagrados en la Constitución en los artículos 35, 36 y 37, que establecen la atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia.
Dijo que es importante brindar atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a las medicinas, rebaja en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos, así como exoneraciones en el régimen tributario, entre otros.
Hay que tomar en cuenta, también, las resoluciones de las Naciones Unidas para los adultos mayores de los años 1982, 1991 al igual que los adelantos de otros países que en sus legislaciones han dispuesto la conformación de un consejo que pueda llevar a cabo los programas y proyectos en beneficio de los adultos mayores.
Édison Lima expresó que el proyecto debe incluir un capítulo especial de la institucionalidad y la protección a los adultos mayores; que haya un organismo que vele por sus derechos y donde los adultos mayores puedan presentar sus quejas.
Anunció que en la comisión respectiva plantearán que se creen las normas que garanticen la defensa de los derechos de los adultos mayores consagrados en la Carta Magna referentes a la atención prioritaria a los grupos vulnerables.
Señaló que en la legislación de Costa Rica se establece una Junta rectora, dirigida por el Presidente de la República, e integrada por los ministros de Salud, de Bienestar Social y el IESS, que podría ser tomado como base en la propuesta legal agregando tres representantes: uno del sector femenino adulto mayor, otro por los adultos mayores y un profesional especializado en el campo de medicina, sea de la especialidad de gerontología o psicología para que preparen los programas, proyectos que pueda llevarse a cabo. No queremos un organismo burocrático político, concluyó.
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