La Asamblea de Montecristi fue la que propició la intervención de la Contraloría y la Fiscalía
Ante la publicación y difusión de artículos de prensa que sugieren, se habrían cometido irregularidades en la Asamblea Constituyente, sin que se haya observado el trámite correspondiente para el establecimiento de responsabilidades y sanciones, consideramos pertinente explicar a la opinión pública el proceso seguido, en consecuencia con uno de los postulados más importantes de la revolución ciudadana: La lucha contra la corrupción y la inoperancia del Estado, que constituye uno de sus baluartes éticos fundamentales.
Sobre la base de ese eje ético fundamental, reclamado por el pueblo ecuatoriano e incluido en la Constitución de Montecristi, la Asamblea Constituyente, pese a que el Mandato no. 1, de 30 de noviembre del 2007, establecía que sus decisiones no eran susceptibles de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos, en el afán de transparentar su gestión administrativa, suscribió con la Contraloría General del Estado un convenio para la realización de auditorías y exámenes especiales, el 5 de junio del 2008.
En aplicación del referido convenio, el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, solicitó un examen especial a la contratación de los asesores y asistentes designados por petición expresa de cada uno de los asambleístas y del personal administrativo, mediante Oficio P/SAC-2008-821 de 5 de junio del 2008.
El convenio establecía que los resultados del examen especial, debían ser puestos en conocimiento del Presidente de la Asamblea Constituyente, como en efecto se hizo, mediante oficio No. 018677 CG de 23 de julio del 2008, entregado el 24 de julio. Al existir indicios de responsabilidad penal y atendiendo la recomendación emitida por la Contraloría, el 27 de agosto del mismo año, el arquitecto Fernando Cordero, en su calidad de presidente de la Asamblea Constituyente, remitió el informe a la Fiscalía General del Estado, a fin de que adopte las acciones correspondientes.
Con posterioridad al envío del informe a la Fiscalía, esta entidad solicitó documentación adicional sobre el tema, la misma que fue remitida oportunamente por el presidente Cordero.
Debemos señalar, que la demanda para que se ponga en consideración de la opinión pública, el informe de la Contraloría como lo pretenden algunos medios de comunicación, soslaya garantías constitucionales que impiden hacerlo: la garantía al debido proceso, la presunción de inocencia, la intimidad de las personas, a lo que debe agregarse que, por disposición legal, en tanto se desarrolla la indagación previa por parte de la Fiscalía, tal información tiene el carácter de reservada, toda vez que, los presuntamente responsables tienen el derecho a presentar sus pruebas de descargo sobre la base de las cuales, se confirma su responsabilidad o se los exime de la misma.
El 16 de julio del 2008, y debido a que el examen anteriormente referido, se limitó únicamente al análisis de la contratación de asesores y personal administrativo, en el objetivo de que exista la más absoluta transparencia sobre la totalidad de la gestión administrativa, el Arq. Fernando Cordero solicitó al Contralor General del Estado, mediante oficio 1072 P-FC-08, una auditoría de gestión, para un examen integral a la totalidad de los procesos administrativos y financieros de la Asamblea Constituyente.
Durante el examen especial a las operaciones administrativas y financieras, la Contraloría General del Estado, convocó a la lectura del informe borrador, para que sobre la base de los resultados encontrados, cada uno de los presuntamente responsables, presenten los descargos a que hubiere lugar.
El 4 de agosto del 2009, mediante oficio No. 14951 DA-1, la Contraloría General del Estado, remitió el informe general sobre las operaciones administrativas y financieras, dirigido a Fernando Cordero, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional y no de ex presidente de la Asamblea Constituyente, lo que determinó que ingrese a través de ventanilla como si se tratara de un trámite ordinario de la Asamblea Nacional.
En conocimiento de que no existía observación alguna que se refiera al arquitecto Fernando Cordero, como correspondía, éste remitió en forma inmediata, al señor Francisco Torres, en su calidad de ex Director General Administrativo de la Asamblea Constituyente, para que dé respuesta a las observaciones formuladas en el documento antes mencionado. La respuesta está contenida en oficio 239-AN-AG-FT-09 de 30 de septiembre del 2009.
A la presente fecha, la Contraloría General del Estado, aún no ha remitido ni al Eco. Alberto Acosta ni al Arq. Fernando Cordero, en sus calidades de ex presidentes de la Asamblea Constituyente, el informe final de determinación de responsabilidades respecto del examen especial a las operaciones administrativas y financieras. Una vez que se reciba se procederá como lo dispone la ley.
Por todo lo antes expresado, la responsabilidad social debida por los medios de comunicación les exigía y exige, respetar la Constitución y la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia. Derechos que se irrespetan cuando se difunde información parcial y descontextualizada, práctica poco ética, contraria a los principios deontológicos de la comunicación y, consecuentemente, inaceptable en cualquier país del mundo.
De insistir los medios de comunicación en el ejercicio antes observado, la opinión pública no podrá menos que considerar que son intereses políticos e ideológicos los que guían su acción, en vano esfuerzo por tratar de deslegitimar a la Asamblea Constituyente, a la Constitución de la Republica, a la Asamblea Nacional, a su Presidente y a todos sus miembros.
