Frente a la posibilidad de que las preguntas propuestas por el presidente de la República, Rafael Correa, sean aprobadas en la consulta popular del próximo 7 de mayo, el titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, anticipó que la Asamblea Nacional debe estar preparada para procesar esos resultados desde el 8 de mayo, de manera que se inicie el trámite de las reformas legales que sean necesarias.
Esta declaración la formuló frente a la inquietud periodística en el sentido que, de triunfar el sí en la pregunta relativa a que se considere delito el enriquecimiento privado no justificado, según el compromiso del Primer Mandatario, se realizará la reforma pertinente en la ley.
“Este tema, al igual que otros que requieran de reformas legales, tendrá que ser analizado y discutido en la Asamblea. No se trata de que si un ciudadano no tiene cómo comprobar con factura la compra de una corbata, se le acusará de enriquecimiento injustificado; hay otros parámetros que se deben considerar, por ejemplo, la relación que existe entre el patrimonio que se declara y los ingresos que tiene la persona. No es posible que alguien que reporta un sueldo de mil dólares posea un yate, una mansión en lugar de casa y otras pertenencias que no corresponden a ese nivel de ingresos”, dijo.
Lo que pasa es que la determinación de si es o no delito estará en manos de los jueces, garantizándole a la persona, como no puede ser de otra manera, el debido proceso, que incluye el derecho a la defensa. “Lo que pasa es que quienes se oponen a la consulta están creando este tipo de miedos para que la gente tenga una opinión inadecuada; no se trata de perseguir a nadie, porque estamos en un Estado de derechos y justicia; lo que se busca es que actividades ilícitas como el lavado de dinero o el narcotráfico no contaminen a nuestra sociedad”, agregó.
Respecto del juicio político planteado por el asambleísta Mauro Andino, en contra del Presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura, cuyo plazo para la entrega del informe motivado concluye hoy, el titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, enfatizó que depende de la Comisión de Fiscalización y Control Político definir si se lleva al Pleno a los nueve miembros o, en mérito de las pruebas, a cinco, cuatro o tres.
En todo caso, advirtió que si se resuelve llamar a los nueve vocales del organismo, la Asamblea tendría que prepararse para una jornada prolongada de juicio político, toda vez que a cada uno de los interpelados le correspondería intervenir hasta tres horas en la exposición de su defensa y, en la réplica una hora más; igualmente, por cada encausado le corresponderá intervenir por dos horas al interpelante para argumentar su acusación. Así mismo, la votación debe ser individual.
De todas maneras, la determinación de continuar con el proceso para todos los vocales o una parte de ellos o, en su defecto, de archivar la causa, le corresponde a la Comisión de Fiscalización. Una vez que se entregue el informe motivado, sabremos a qué atenernos, finalizó.
