Bajo la iniciativa del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, de la Asamblea Nacional del Ecuador, se llevó adelante, en el salón 1 de la Sede Legislativa, el conversatorio internacional “Normativa Vigente y Propuesta de Ley del Código Orgánico Penal Integral en torno a los adolescentes en conflicto con la ley”.
En la reunión participaron los miembros del Grupo Parlamentario, asambleístas de varias bancadas, representantes del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, así como una importante delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por Anahí Arizmendi, del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
En esta ocasión, las partes intercambiaron experiencias e información atinente a la legislación en materia de jóvenes infractores, que servirían como insumos y aportes para la elaboración del informe para segundo debate del Código Integral Penal, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
La asambleísta Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario, reconoció que Venezuela tiene avances significativos en la garantía de derechos de niñez y adolescencia. En todo caso, la Constitución de 2008 es el punto de partida en la progresividad de derechos, como resultado de la lucha y movilización del movimiento de niñez y adolescencia en el país en el proceso constituyente, afirmó.
Lo fundamental es haber garantizado el principio del interés superior del niño, la niña y el adolescente, siendo considerados parte del grupo de atención prioritaria, entre los que están también las mujeres, las embarazadas, las personas con discapacidad, todos en igualdad de condición y oportunidades.
Señaló que se ha ratificado la inimputabilidad de menores, lo cual no significa que no responderán por sus actos. Los códigos de la Niñez, Integral Penal y la Constitución le apuestan a la prevención, rehabilitación y reinserción de la niñez y adolescencia que se involucren en conflictos reñidos con la ley.
Experiencia venezolana
Anahí Arizmendi, viceministra de Asuntos Penitenciarios, afirmó que para su pueblo el tema de la infancia y adolescencia es de alta prioridad y sensibilidad, al indicar que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente comprende dos subsistemas: de protección a niños y adolescentes; y, de responsabilidad penal del adolescente en conflicto con la ley.
Precisó que se elevaron a rango constitucional todos los artículos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y bajo esos parámetros han desarrollado su legislación, al enfatizar que el sistema penal del adolescente se rige por el enfoque de corresponsabilidad, tomando en cuenta que cuando falla el joven, también falla la familia y la sociedad.
Estos conceptos y objetivos tienen un reimpulso con la creación del respectivo Ministerio, con un año y cinco meses de vida, que nace de una revisión autocrítica y necesaria, para darle una atención más cálida e integral a los privados de libertad, añadió.
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