“Seguiré defendiendo los derechos de las personas, con firmeza y total apego a las normas de la Constitución”, subrayó el Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, tras sustentar jurídicamente la actuación del delegado de la provincia de Esmeraldas, en el patrocinio de la acción de hábeas corpus, a favor de los seis ciudadanos detenidos como presuntos responsables de los actos violentos registrados en La Concordia, el pasado 19 de julio.
El Defensor del Pueblo acudió a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, por requerimiento del asambleísta Gastón Gagliardo Loor.
Gutiérrez explicó que el delegado provincial de Esmeraldas, Omar Mina, actuó en acatamiento de lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece como atribuciones de esta institución el patrocinio de las acciones de protección, hábeas corpus, entre otras, en defensa de uno de los valores fundamentales de las personas, como es la libertad.
Para el caso de lo ocurrido en La Concordia, dijo que los detenidos expusieron argumentos suficientes para fundamentar la acción de hábeas corpus, por ejemplo, la concejala del MPD, Rosaura Bastidas, adujo que fue sometida a trato cruel y degradante, al ser obligada a desvestirse delante de otras personas; los demás detenidos indicaron que no fueron aprehendidos en el lugar de los hechos, sino en un comedor llamado “Don Quijote”, por tanto, no reúnen las condiciones para ser considerada la flagrancia del delito.
Indicó que no le corresponde a la Fiscalía juzgar los hechos desde la perspectiva política, sino exclusivamente desde el cumplimiento o no de los derechos de las personas, que están plenamente garantizados en la Constitución de la República. Recordó que la Constitución ecuatoriana tiene un carácter garantista, lo cual pone en primer plano el respeto a los derechos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria, es decir, incluye a todos los ciudadanos que siendo de otras nacionalidades se encuentren de paso por el Ecuador.
Igualmente, dijo que la veracidad de los argumentos de los detenidos deberá ser determinada por las autoridades de justicia en el proceso que se sigue en su contra, mientras que el rol de la Defensoría del Pueblo es de carácter tutelar para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los seres humanos.
Dijo que está dispuesto a acudir a la Asamblea Nacional las veces que sean necesarias para informar sobre sus actividades.
Entre tanto, la presidenta del organismo, Silvia Salgado, al agradecer la asistencia del Defensor del Pueblo, destacó el derecho de la Asamblea Nacional de ejercer el control político de las demás instancias del poder público.
Respecto de la excusa presentada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, la titular de la Comisión dispuso se proceda a una nueva convocatoria, para después del receso legislativo.
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