“Hemos aprobado en la Comisión de Soberanía que la gestión del agua será pública y comunitaria, tal como lo establece la Constitución, por tanto, no habrá privatización alguna”, aseveró el asambleísta Pedro de la Cruz, vocal del organismo legislativo que trabaja en el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
Explicó que en la Comisión se han aprobado alrededor de 230 artículos, de los cuales 18 están suspensos y serán tratados oportunamente, con los aportes de todos los sectores representados en este organismo.
Respecto de las tarifas, el asambleísta subrayó que se trata de costos mínimos para operación, administración y mantenimiento del agua. Sin embargo, si algún beneficiario no pudiese pagar esa tarifa, de ninguna manera se le negará el acceso a este recurso, ya que se trata de un derecho humano.
En torno a las prioridades para el uso de agua, se mantiene el orden establecido en la Constitución: primero, el consumo humano; después, el riego para la soberanía alimentaria; siguen los causales ecológicos; y, finalmente, las actividades productivas. En el cuarto segmento se determina el riego para la agroexportación y consumo interno; en segundo lugar las actividades turísticas; posteriormente la hidroelectricidad; y, en cuarto lugar las actividades mineras e hidrocarburíferas, aclaró.
De otro lado, dijo que la Autoridad Única del Agua no debe ser concebida como una persona que ejercerá determinadas atribuciones, sino como un sistema estratégico de gestión de los recursos hídricos, el cual deberá estar integrado por la Secretaría Nacional del Agua, Senagua; el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua; y, un organismo de regulación y control.
“El pueblo nos delegó para que construyamos de manera activa y participativa dentro de la Comisión las leyes indispensables para el desarrollo de los principios constitucionales y así lo estamos haciendo. No vamos a frenar la Ley de Agua, coincidimos en un 90% con el contenido de la ley, creemos que se debe buscar acuerdo sobre el 10% restante y contribuiremos para que el informe sea entregado dentro del plazo dispuesto por la Presidencia, es decir hasta el próximo 25 de abril”, finalizó.
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