El funcionario se refirió a la judicialización del primer caso de violación de los derechos humanos, registrado entre 1984 y 1988. En el momento que tengan que dar la cara para que respondan a la justicia debemos movilizar todos los mecanismos necesarios para que vengan al Ecuador, porque ninguna persona puede estar protegida por la normativa ni por la institucionalidad, precisó.
En este contexto, ratificó su respaldo a la Ley para la reparación de víctimas que aprobó la Asamblea Nacional.
Entre tanto, la asambleísta Soledad Buendía precisó que se busca justicia para las 456 víctimas no solamente de un gobierno, sino de varios. La ley es una herramienta jurídica para buscar la verdad y la reparación de las víctimas.
En representación del Comité Ecuatoriano contra la Impunidad, participaron también Mireya Cárdenas, Patricio Baquerizo, Edgar Frías.
Por último, rechazaron las insinuaciones y declaraciones que buscan relacionar las acciones con cálculos políticos y exhortaron a las organizaciones de derechos humanos del país, a pronunciarse sobre los hechos denunciados.
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