Tras anunciar que la próxima semana entraría a segundo debate el proyecto de Ley de Educación Superior en el Pleno de la Asamblea, el legislador Raúl Abad, presidente de la Comisión Permanente encargada del tema, destacó que el documento alcanzó un 87% de consenso con la comunidad universitaria (rectores, profesores, decanos, trabajadores, estudiantes, el Conesup, entre otros).Sostuvo que en el proceso de socialización y construcción del texto participaron alrededor de 600 personas en el primer y segundo debates, al aseverar que en proyecto se afianzan los preceptos constitucionales atinentes a la autonomía pero con responsabilidad, la transparencia, rendición de cuentas, financiamiento para su planificación, libertad de cátedra, etc.
Cuestionamientos sobre disensos no se ajustan a la realidad
Comentó que el índice se enmarca en los siete principios del régimen de Educación Superior, consagrado en el Art. 351 de la Constitución. Además, se establece que las funciones del Consejo sean las de planificar, regular y coordinar internamente el sistema, acorde con el Art. 353 de la Carta Magna.
Aclaró que la Secretaría tiene atribuciones específicas de ejercer políticas públicas en el campo de la Educación Superior respetando las normas constitucionales 141, 147 y 154, al explicar que el Consejo estará integrado por seis miembros de la Academia, escogidos por concurso, y cuatro del Ejecutivo (ministros de Estado), los mismos que elaborarán una terna y el primer mandatario designará al presidente de la entidad, es decir, hay clara mayoría de la comunidad universitaria. El Consejo, al ser un organismo público de regulación, no puede estar integrado por los reguladores, según la prohibición del Art. 232 de la Constitución, dijo.
En todo caso, continuó, los rectores podrían participar en el concurso, pero al momento de ganar tendrían que renunciar a los rectorados de las universidades que administran. El Consejo de Evaluación (Conea) estará conformado por seis miembros, tres del Ejecutivo y tres de cualquier ente de investigación, por concurso, dejando atrás la dedocracia e imponiendo la meritocracia, enfatizó.
Ratificó que dentro de la autonomía responsable, las universidades tienen el legítimo derecho de elegir sus rectores, decanos, elegir autoridades; libertad de cátedra, investigación, para nombrar a sus trabajadores, libertad financiera para su planificación, pero todo esto con una rendición de cuentas tal cual lo demanda la ciudadanía.
Agregó que se fortalece el principio de gratuidad de la educación, no obstante, no se puede permitir que a pretexto de dicho concepto un alumno pase 10 años en la universidad repitiendo constantemente los años de carrera, al concluir que la vigésima transitoria de la Constitución determina la creación de un instituto superior de Pedagogía por parte del Ejecutivo y otras instituciones.
MG/pv
