Siete fueron las observaciones que presentó en la comisión de Régimen Económico, la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, a fin que se considere en el proyecto de Ley que reprime el lavado de activos.
Considerando que la actual ley establece un plazo de 48 horas para que las instituciones controladas reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera las operaciones que igualen o superen los 10 mil dólares, sugirió que tal plazo rija solamente para las transacciones inusuales e injustificadas (montos que no se compadecen con la actividad que realiza una persona), porque implican mayor riesgo para el sistema controlado.
Sabando también solicitó ampliar el plazo, de cinco días a un mes como máximo, para entregar información adicional a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Además pidió reconsiderar el artículo del proyecto que plantea eliminar el concurso de merecimientos, minimizar los requisitos académicos y prescindir la intervención de las auditorías para la selección del Director General de la Unidad de Inteligencia. Tal eliminación afectaría la transparencia, dijo.
Sostuvo que la administración temporal de bienes que actualmente está a cargo del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, que según el proyecto debe ser una Dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera, debería pasar a una entidad especializada del sector público.
Por último, solicitó modificar el nombre del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, por el de Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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