Legisladores de distintas tendencias políticas defendieron la atribución fiscalizadora de la Asamblea. En este marco, el asambleísta César Rodríguez anunció que en la sesión 194 del Pleno, de este martes, presentará un proyecto de resolución orientado a rechazar las declaraciones del Presidente de la República, en el sentido que destituirá a los ministros y funcionarios que remitan información solicitada directamente por parlamentarios y no por medio de la Presidencia de la Asamblea.
Rodríguez subrayó la necesidad de ratificar que Ecuador es un Estado constitucional y democrático en el que nadie, ni el Ejecutivo, esta sobre la Ley. Por tanto, los asambleístas elegidos por mandato popular, a quienes les corresponde el control político, son los llamados a ejercer una adecuada fiscalización.
Dijo que también es fundamental rechazar el contenido de la carta dirigida al Presidente de la Asamblea, a “quien indirectamente le ordena violar la Constitución y la Ley, llamándole incluso a no procesar los pedidos de información, poniendo una barrera definitiva contra todo intento de fiscalización y control político a su gobierno”.
Entre tanto, Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización, argumentó que la Constitución establece la atribución y la competencia que “tenemos los asambleístas de legislar y fiscalizar; uno de esos mecanismos es el requerimiento de información, de manera individual, sin autorización previa de ninguna instancia directiva”.
Precisó que en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa consta el procedimiento de requerimiento de información, así como los pasos a seguir cuando éste no es atendido oportuna y debidamente, lo que determina la posibilidad de que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, decida la comparecencia del funcionario a una de las comisiones especializadas permanentes.
Eso está claramente establecido y no admite discusión, aclaró, al enfatizar que ha habido abuso de este mecanismo, no obstante, los requerimientos deben estar contextualizados en las restricciones fijadas en la Ley, especialmente cuando se trata de temas de seguridad del Estado o que pretenden interferir en casos de la justicia.
De su lado, Abdalá Bucaram aseguró que la amenaza del Mandatario constituye un intento de impedir la fiscalización en el país y una nueva “demostración de que Correa representa a la nueva partidocracia y oligarquía en el Ecuador”.
Citó normas de 1998 y las dictadas por la Comisión de Legislación y Fiscalización, que hoy el Presidente de la República promueve que los ministros las violenten e incumplan con sus funciones, reeditando, así, las viejas prácticas del Congreso de la partidocracia.
