Los asambleístas Juan Carlos Cassinelli, Primer Vicepresidente de la Legislatura, Pedro de la Cruz y María Molina, resaltaron la importancia de la aprobación de las reformas a la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, que permiten a las juntas parroquiales rurales sean parte del Directorio del Banco del Estado y, en consecuencia, que se tomen en cuenta sus proyectos, lo cual les ayudará a atender las necesidades básicas, de la población.
Es trascendental e importante la aprobación de este proyecto, dijo Juan Carlos Cassinelli, porque es un paso enorme en esa visibilización que se viene dando, a través del Código Orgánico de Organización Territorial, de las juntas parroquiales rurales y que hoy no solo gozan de un presupuesto, seguramente, 7 u 8 veces mayor al que antes tenían, sino que ahora les permite una mayor organización, autonomía y el poder acceder a ser parte de un organismo que tiene como prioridad, entre otras cosas, financiar proyectos relacionados con temas que van directamente a la calidad de vida de los ciudadanos como es el agua potable, alcantarillado, servicios básicos y eso lo pueden conseguir siendo parte accionario del Banco del Estado.
Pedro de la Cruz señaló que este mismo sentir lo tienen parlamentarios de las distintas agrupaciones políticas y eso se refleja en la votación que recibió este cuerpo legal, es decir, 90 voluntades, lo cual constituye un paso adelante en la transformación del Estado y el afán de descentralizar y desconcentrar las competencias.
Era necesario establecer una norma jurídica y política que favorezca a los que menos tienen y a los que más necesidades insatisfechas mantienen, canalizándoles recursos públicos, dijo el vocal del Consejo de Administración Legislativa.
Entre tanto, la legisladora María Molina subrayó que hoy por hoy el Banco del Estado tiene la obligación de financiar los programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos de calidad que contribuyan al desarrollo socio-económico nacional y en ese beneficio se incluye a las juntas parroquiales rurales que psarán a ser accionistas y formarán parte del Directorio, lo cual les permitirá intervenir y ser parte activa en las decisiones que tome esta institución.
Señaló que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución, es deber primordial del Estado promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización; poniendo en marcha un modelo de gestión estatal descentralizado y desconcentrado, acercando el Estado a la ciudadanía, para conocer mejor sus necesidades y problemáticas.
A sus criterio, esta reforma comulga con la adopción del nuevo régimen de organización territorial establecido constitucionalmente, que pasa de un modelo de descentralización voluntario “a la carta”, a uno obligatorio, progresivo y con competencias delimitadas, con la respectiva asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para generar equidad territorial.
JLVN/pv
