Es primordial que se regule y se establezcan las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de las poblaciones en cuyo territorio se realicen actividades hidrocarburíferas de refinación, con el fin de garantizar el derecho al buen vivir, dijo el asambleísta Lenin Chica, representante de la provincia de Esmeraldas, al presentar un proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos.
Bajo estos argumentos, el proyecto determina que el Estado entregará a las provincias donde se realice la actividad de refinación de petróleo, un dólar por barril de petróleo refinado, el valor entregado por este concepto se lo distribuirá: el 50% para el gobierno autónomo descentralizado cantonal, en cuya jurisdicción se realice la actividad de refinación de petróleo; dinero que se destinará para financiar proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, regeneración urbana, tratamiento de desechos sólidos y de aguas servidas, educación, salud, desarrollo productivo y micro empresarial, en las aéreas urbanas y rurales de la respectiva jurisdicción.
El otro 50% -según la propuesta- se destinará al gobierno autónomo descentralizado provincial, en cuya provincia se realiza la actividad de refinación de petróleo, dinero que se utilizará para financiar proyectos de caminos vecinales, dotación de infraestructura educativa, alcantarillado sanitario y agua potable del área rural de la respectiva jurisdicción provincial.
El parlamentario señaló que la Constitución de la República, en el artículo 274, señala que los gobiernos autónomos descentralizados, en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado, por esta actividad, de acuerdo con la ley.
Subrayó que el gobierno nacional construye la Refinería del Pacífico en la provincia de Manabí, con una inversión aproximada de doce mil millones de dólares, refinería que sin lugar a dudas generará grandes riquezas a nuestro país, pero así mismo afectará al medio ambiente costero de Manabí.
Indicó que las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y posteriormente Manabí a través de sus gobiernos autónomos descentralizados, tienen el derecho constitucional de recibir las rentas correspondientes, que les permitan el desarrollo de sus pueblos y comunidades, para de esta forma mitigar en algo las afectaciones causadas por las actividades de refinación.
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