En el marco del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el presidente de la comisión, Luis Morales, subrayó que el impacto social de este proyecto es enorme, porque permitirá la creación y el funcionamiento del quinto poder del Estado, por tanto, le corresponde al Gobierno implementarlo y adecuarlo para que los ciudadanos puedan participar activamente en la toma de decisiones.La ley busca, entre otros objetivos, regular, propiciar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos, la organización colectiva autónoma y la licencia de formas de gestión pública sobre el concurso de la ciudadanía, constituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado y la sociedad y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como de las iniciativas de rendición de cuentas y control social, agregó.
Subrayó que también garantiza la participación de las personas y de los colectivos en el debate y la toma de decisiones durante el ciclo de desarrollo y seguimiento de las políticas y los servicios públicos en los diferentes niveles de gobierno y funciones del Estado; el control social de las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos con fondos del Estado o desarrollen actividades de interés público.
Morales precisó que el cuerpo legal garantiza la democratización de las relaciones entre la ciudadanía, el Estado y los diferentes niveles de gobierno, la igualdad de oportunidades de participación de los diferentes estratos sociales pueblos y nacionalidades en los diversos espacios e instancias creados por la interlocución entre la sociedad y el Estado; así como el acceso de la ciudadanía a la información necesaria, para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos.
La propuesta pone énfasis en el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se manejen fondos públicos. Se establece el control social a las entidades privadas que perciban fondos públicos, recalcó.
Además, se determinan criterios generales con los que seleccionarán a los ciudadanos que formen parte de las instancias y espacios de participación establecidos por esta ley. Se promueve la formación, deberes y derechos y una ética de interés por lo público que haga sostenibles los procesos de participación y la consolidación de la democracia.
Se respalda las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control social impulsadas por la ciudadanía de forma autónoma. Se promueven los principios de igualdad, la interculturalidad, el proceso incluyente, la autonomía para participar en los asuntos de interés público del país, la deliberación pública, la paridad de género. Se adoptan medidas de acción afirmativa que promuevan la participación real y efectiva de las mujeres en este ámbito, la silla vacía, entre otros aspectos, dijo.
Por último, sostuvo que si bien, por un lado, el individuo o persona vela por sus intereses particulares, no descuida el apoyo a los de la colectividad.
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