En el marco del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, afirmó que esta normativa debe respetar la autonomía e independencia de las distintas funciones del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados, en los términos establecidos en la Constitución de la República.
Por tanto, no sería factible que se dé extraordinarias facultades al Ministerio de Relaciones Laborales, porque no se puede confundir la rectoría que le corresponde a la Función Ejecutiva, con la injerencia de ésta en las competencias exclusivas de las entidades que gozan de autonomía y en los gobiernos descentralizados.
Tras felicitar a la Comisión de Derechos de los Trabajadores por el trabajo realizado en el análisis y aprobación de este informe, citó algunos artículos constitucionales, entre ellos el primero, por el cual dispone que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada; el 126, que determina que para el cumplimiento de sus labores, la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente y su Reglamento; el 168, que garantiza la autonomía de la Función Judicial; y, el 238, que reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados.
Recordó que el Mandato Constituyente N° 2, que establece que ningún funcionario público puede ganar más de 25 salarios básicos unificados de cada trabajador en general (6 000 dólares). “Así, ningún municipio, ni organismo autónomo puede elevarse arbitrariamente sus remuneraciones, por lo que la Ley de Servicio Público sí puede poner un piso y un techo a los salarios, pero que la ley le dé facultades a un ministro para que haga lo que quiera en el resto del Estado ecuatoriano, me parece que sería un problema, no imputable a la Comisión, sino al origen del proyecto”, aclaró.
Aprovechó este debate para rechazar la actuación de lo que considera “una caricatura de Consejo de la Judicatura”, que sale a decir que no nos hemos subido los sueldos, nos dieron subiendo. No señores jueces, no señores del Consejo de la Judicatura, se están palanqueando un juicio político y ojalá podamos llevar adelante este proceso de fiscalización”, sentenció.
Hay inconstitucionalidades de fondo y de forma, que llevarían a una serie de distorsiones y contradicciones en la aplicación de la ley. Por ejemplo, si se aprueba como está el proyecto, quedaría derogada la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en todo lo que es materia de contratación de personal, tendríamos que pedir permiso al señor ministro del ramo hasta para cambiar los horarios, para suprimir una partida o para incorporar a un funcionario público. “Creo que ni siquiera esto podría ser aplicado en el ámbito de las competencias exclusivas del Ejecutivo”, añadió.
“Estamos seguros que la Comisión hará los cambios que se han propuesto en el debate, estamos dispuestos a ayudarles y creo que hay que otorgar un tiempo prudente para que se puedan procesar las observaciones, para que la ley quede mucho mejor de lo que está, para que tengamos un verdadero orgullo de decir en el Ecuador que somos servidores públicos, servimos a la gente, servimos al país, no nos servimos del país”, concluyó.
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