El proyecto de Ley Orgánica de Educación reivindica a la educación como un instrumento de cambio y transformación de la sociedad y dignifica la tarea docente como prioridad generando nuevos espacios de participación, corresponsabilidad, protagonismo de los jóvenes y articulados concretos que apuntan a la mejora sustancial de la calidad educativa en nuestro país, afirmó el presidente de la comisión especializada que analiza el tema, asambleísta César Rodríguez.
Resaltó que en la propuesta se destaca la legitimidad de los acuerdos, a pesar de la heterogeneidad política de la mesa, integrada por asambleístas de PAIS, Sociedad Patriótica, PSC y del MPD. La solidez del debate y la conducción democrática se refleja en la estadística de aprobación del articulado con un porcentaje de más del 50% de artículos aprobados por voto unánime y un 40% aprobado por tres cuartas partes de la mesa, subrayó.
El proyecto tiene 141 artículos, 5 disposiciones generales, 19 disposiciones transitorias y 1 disposición final. Aborda múltiples elementos del proceso educativo y reivindica los derechos y deberes de la comunidad; los derechos y obligaciones de la comunidad educativa; la participación de los padres en el gobierno escolar; la educación incluyente; el bachillerato técnico, el acceso a la educación a personas privadas de la libertad y con discapacidad; el escalafón docente y la educación intercultural bilingüe, entre otros.
Logros en la propuesta
La Ley es orgánica, porque regula derechos fundamentales y garantiza el derecho humano a la educación, que es considerada como instrumento de cambio y transformación de la sociedad; reconoce a los seres humanos, en particular, a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de enseñanza aprendizaje; promueve la libertad emancipación y autonomía del ser humano.
Además reconoce el interés superior del niño y concibe el aprendizaje como una actividad para toda la vida, redimensionando la concepción escolar de aula–maestro.; incorpora las nociones de multiaprendizaje e interaprendizaje como principios de la educación, superando la educación vertical y unidireccional que “transfiere” conocimiento.
En el informe se destaca que es principio la educación en valores para la convivencia, la participación, la democracia y la libertad y se explicita la prioridad de los derechos constitucionales como eje transversal en la educación, superando la visión secular e individual de los valores y promoviendo la construcción de una sociedad activa y propositiva.
Se incorporan las nociones de comunidad del aprendizaje y la participación de manera protagónica y corresponsable de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento y toma de decisiones; planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo. Coloca la motivación como principio para educandos y docentes.
Se concibe a la educación como un proceso flexible, integral y articulado que se adapta a las diversas realidades, que prioriza la investigación y que funciona con calidad y calidez. Se incorpora la interculturalidad de manera transversal y se consolida la educación bilingüe Fomenta y profundiza en los estudiantes el conocimiento, el respeto, la valoración, tolerancia, recreación y la aceptación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo, así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural.
El proyecto unifica y homologa el sistema educativo articulado por la autoridad educativa y reconoce las especificidades de nuestra sociedad diversa, plurinacional, multicultural y multiétnica. Consolida los principios de obligatoriedad, universalización y gratuidad, no sólo del proceso educativo, sino de acceso de calidad a todos los servicios básicos; y la atención de salud integral gratuita, entre otros.
Reconocimiento a labor docente
También establece requisitos claros y motivadores para ingresar a la carrera docente pública, entre ellos la profesionalización y la obligatoriedad del servicio rural; se regula de manera clara y positiva la carrera docente en sus particularidades de jornada laboral, traslados, jubilación, vacantes, concursos elegibilidad preferente para los docentes locales, evaluaciones y sistema de capacitación, bono de frontera y otros estímulos.
Redefine el escalafón docente para permitir una evolución profesional más rápida, eficiente y meritoria; además, la escala salarial homologándola con la de los servidores públicos y enlazando los beneficios correspondientes, lo que permitirá al docente equilibrar sus ingresos con sus necesidades y aspiraciones en un plazo mucho menor al establecido en la normativa anterior.
Establece una escala de cargos directivos en la educación pública adaptada a los nuevos esquemas y niveles que agiliten la administración y coordinación de las instituciones, que reconozca y valore la acción administrativa docente y que permita la rotación en base a méritos, experiencia y formación.
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