La Comisión de Gobiernos Autónomos entregó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
El cuerpo legal busca solucionar los problemas vinculados con la especulación del suelo que limitan la gestión expropiatoria del Estado y retrasan la ejecución de las obras públicas impulsadas por el gobierno central.
Además, crea mecanismos que permitan al gobierno central recuperar parte de la plusvalía generada por la realización de las obras públicas, así como homologar las disposiciones sobre expropiaciones contenidas en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Así mismo, incorpora un nuevo procedimiento para la contratación integral a precio fijo de obras con diseño homologado.
En los considerandos se establece que es necesario que el Estado recupere las revalorizaciones de predios que se producen por su propia acción. Las grandes obras en las que el Estado invierte sus recursos provocan una gran revalorización de predios, cuyo plusvalor debe regresar al Estado, por la vía del cobro de la contribución correspondiente.
Se especifica que esta atribución ya la tienen los gobiernos autónomos descentralizados, vía contribución especial de mejoras, por lo que se propone que dicho instrumento pueda ser empleado por la Administración Pública Central e Institucional.
Con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad en temas expropiatorios la comisión considera necesario homologar las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
En este marco, la reforma busca establecer un mecanismo de contratación especial para el caso de obras de diseños homologados, con la finalidad de reducir los costos y los tiempos de contratación y operación de ciertos proyectos, por ello se establece una modalidad de ejecución de obras que permita definir una forma contractual en la cual se tengan los diseños homologados, los estudios de implantación y la definición del costo máximo de la obra, de tal manera de trasladar al contratista la gestión de mayor eficiencia desde el punto de partida definida por el Estado.
El informe fue aprobado con el voto afirmativo de los asambleístas Richard Calderón, Ángel Vilema, presidente y vicepresidente, respectivamente, así como de los parlamentarios Verónica Arias, Ulises de la Cruz, Verónica Guevara, Alexandra Ocles, Paola Pabón, Octavio Villacreses, Christian Viteri y René Yandún.
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