La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Turismo, que declara como política prioritaria de Estado y de interés nacional, la promoción y desarrollo de las actividades turísticas en el Ecuador, que estará orientada a la consecución del buen vivir de los ecuatorianos.
Esta iniciativa de los asambleístas Jimmy Pinoargote y Alfredo Ortiz, tiene por objeto establecer un marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico, las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.
La normativa crea el Consejo Consultivo de Turismo, como un organismo asesor de la actividad turística del Ecuador, sobre los temas que le fueren consultados por el Ministerio de Turismo. Estará integrado por los Ministros de Turismo; de Relaciones Exteriores; del Ambiente; el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo; dos representantes ecuatorianos de las Asociaciones Nacionales de Turismo legalmente reconocidas y en forma alternativa; un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador; uno del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador; uno del Conagupare; y uno de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador.
El Ministerio de Turismo dirigirá y supervisará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley; regulará -a nivel nacional- la planificación, promoción nacional e internacional, facilitación, información estadística, desarrollo y control del turismo, así como el control de la prestación de los servicios turísticos, entre otros.
Se determina la promoción del turismo social a través del cual se garantiza el derecho al descanso y ocio consagrados en la Constitución, a fin de promover el turismo interno, para lo cual el Estado fomentará y promoverá la participación de los órganos y entes de la Administración Pública, entidades privadas y en especial a las comunidades organizadas, para el desarrollo del turismo social, bajo los principios de colaboración, coordinación e información interinstitucional, para contribuir con el desarrollo del turismo social, fundamentalmente entre las unidades familiares con escasos niveles de ingresos, personas de la tercera edad, jubilados, personas con discapacidad y otros que el Estado estime prioritario, de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas.
La propuesta establece, además, el intercambio de turismo social entre países; los recursos para el turismo como actividad comunitaria y social; créditos para el sector turístico; se establecen sanciones para el efectivo control de la prestación de servicios turísticos, entre otros.
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