Ayer, en horas de la tarde, la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, que busca compensar los efectos de la renuncia del Ecuador al Sistema de Preferencias Arancelarias otorgado por Estados Unidos, Atpdea.
El presidente del organismo legislativo, Oswaldo Larriva, indicó que, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el documento será entregado este domingo 28 de julio en Secretaría de la Asamblea, para que la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, establezca fecha y hora para su tratamiento en el Pleno.
Virgilio Hernández, integrante de la Comisión, subrayó que en el informe se mantiene la propuesta del Ejecutivo. Este es un proyecto que busca compensar la desmejora que podrían tener nuestros productos por el establecimiento de sanciones unilaterales o, a su vez, por la imposición de aranceles, de allí que se establece una serie de incentivos, a través de abonos tributarios, por ejemplo, con los cuales se puede cubrir, pagar lo que relacionado con obligaciones tributarios y, al mismo tiempo, pueden ser negociados por los exportadores.
El listado de productos, así como el tiempo de duración que tendrán los certificados de abono y el estudio del nivel de desmejora que pueden tener o no esos productos, serán calificados por el Comité de Comercio Exterior (COMEX).
Recordó que existe el compromiso de las autoridades de entregar lo más inmediato los certificados de abonos tributarios; la normativa establece cinco días para se otorgue dicho documento por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Senae.
Al ser consultado si los valores se van a entregar como nota de crédito o en efectivo, conforme plantearon algunos legisladores, explicó que en la reunión de la Comisión se resolvió que sea el Pleno de la Asamblea quien analice y tome una decisión sobre este tema.
Hernández consideró que es inadecuado entregar valores en efectivo, ya que se puede prestar para que ciertos empresarios licuen deudas que podrían tener con la seguridad social o con el propio Estado, con fondos públicos. El certificado de abono tributario es adecuado, dijo.
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