Con seis votos, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, que tiene por objetivo la prevención, defensa, protección y promoción de los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras, y precautelar que las relaciones de éstas con las y los proveedores sean en respeto a la seguridad jurídica y de los derechos y garantías establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.
El proyecto, de iniciativa de los asambleístas María Soledad Vela, Francisco Ulloa y del exdefensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, remplazaría a la actual Ley de Defensa del Consumidor, la que, según el informe, no reconoce los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras con el carácter de derechos humanos, constitucionales reconocidos y garantizados. No establece mecanismos de control de calidad claros ni un sistema de protección, reparación y sustitución de derechos. Las sanciones, no responden a la realidad económica actual.
En lo atinente al derecho a las personas usuarias y/o consumidoras se determina que es un sistema jurídico de carácter interdisciplinario, propio y autónomo para protección dirigida directa y específicamente al amparo de las personas usuarias y/o consumidoras finales que adquieren productos y/o servicios; y, regula su relación de consumo y/o uso que se da con sus proveedores o prestadores.
Señala que las personas usuarias y/o consumidoras tienen el derecho de acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
Establece que las actividades que los fabricantes, intermediarios y proveedores del servicio realicen en toda cadena de producción, incluida la publicidad de los productos, bienes y servicios, establecerán mecanismos que no vulneren los derechos de la naturaleza y promuevan el respeto y cuidado al medio ambiente.
Prevé que el Estado y los proveedores observarán y regularán la provisión de bienes o servicios de conformidad con las especificaciones técnicas o de diseño, entre otras cosas, para encontrar la satisfacción en un producto o servicio cumpliendo todas las expectativas que busca el usuario y/o consumidor o cliente.
El proyecto, que contiene 264 artículos, siete disposiciones generales, cinco transitorias y dos disposiciones finales establece además sanciones para quienes incumplan la ley, mecanismos de tutela administrativa, judicial y constitucional, pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, prácticas prohibidas, entre otros aspectos.
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