La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó el correspondiente informe para primer debate sobre el proyecto de Ley de Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial.
Dichas prácticas debían ser reguladas a través de un reglamento, que para el efecto dictaría el Consejo de la Judicatura; sin embargo, dos años después de la expedición del Código Judicial, éste no se emitió, causando perjuicio a quienes actualmente están cursando los últimos años de su carrera o han egresado y no podrán graduarse por no cumplir con las mismas.
La reforma establece que los estudiantes de los últimos años de estudio de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas, deberán realizar en forma obligatoria un año de servicio a la comunidad mediante la asistencia legal comunitaria en la Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, los órganos jurisdiccionales, consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, en los sectores rurales, urbano marginales y organismos y gobiernos seccionales, dando prioridad a aquellos que no cuenten con recursos para contratar abogados de planta, o en cualquier institución del sector público siempre que la práctica se relacione con la asistencia legal.
La Comisión recibió observaciones, por escrito, de los asambleístas Dora Aguirre, Washington Cruz, Jaime Abril, Mauro Andino y Mariangel Muñoz; además del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez; el presidente del Cuarto Tribunal de Garantías Penales de Manabí; Pedro Cornejo; el juez del Quinto Tribunal de Garantías Penales de Guayas, Gabriel Noboa y, Abelardo Posso, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Hemisferios.
MG
