Con rostros aún marcados por el dolor, cuyos ojos no podían contener las lágrimas de angustia e incertidumbre, las madres de los militares que fallecieron en el accidente aéreo del 24 de enero de 2007, en que perdió la vida la ex ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, acudieron a la Comisión de Fiscalización y Control Político, en donde demandaron que el caso no quede en la impunidad.Las señoras Gioconda Padovani, Olga Rubio y Rosa Basantes, madres de los oficiales Marco Gortaire, Hugo Acosta y Byron Zurita, junto a los abogados Víctor Granda y Gisela Padovani, aseveraron que el fiscal General del Estado, Washington Pesantez, tiene listo un dictamen preliminar que liberaría de toda culpa al alto mando militar y endosaría la responsabilidad a sus hijos.
Gioconda Padovani de Gortaire informó que han remitido una comunicación al fiscal Pesantez, en la cual se impugna su dictamen, argumentando que es contradictorio pues recoge la versión de los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de ese entonces e “inculpa a nuestros hijos, porque no pueden defenderse al estar muertos”.
Nuestros hijos recibieron órdenes y como oficiales de honor las cumplieron, por lo que quienes dieron las disposiciones de permitir viajar a la ex secretaria de Estado, Guadalupe Larriva y su comitiva, en circunstancias que se realizaban vuelos de ejercicio de guerra nocturno en Manabí son los culpables directos, afirmó.
Las madres coincidieron en expresar que los integrantes de la Brigada Aérea No. 15 y la cúpula militar de ese entonces autorizaron o permitieron la participación de la ex ministra y son ellos los responsables, más aún cuando esas acciones estaban prohibidas por normas de seguridad y reglamentos militares.
Enfatizaron que luego de este hecho se han registrado 27 muertes de miembros del Ejército en accidentes aéreos y la causa siempre es la misma: falla humana, porque los muertos no hablan, sin que nadie haya tomado cartas en el asunto.
Finalmente, conminaron al Fiscal General del Estado a modificar su informe y dejar que los jueces sean los que determinen las responsabilidades a que hubiere lugar.
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