Mala práctica médica es tema de intenso debate en Comisión de Justicia

Lunes, 05 de agosto del 2013 - 18:32 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El doctor Renato Guaraldo, catedrático universitario, de nacionalidad itialiana, en la Comisión de Justicia consideró que hay que evitar la impunidad, pero sin caer en una normativa punitiva y rigurosa para sancionar la mala práctica médica.

El juez tiene que evaluar el error o impericia, sobre la base de la aplicación o no de las reglas macroscópicas definidas por la comunidad científica, a fin de determinar si el acontecimiento lesivo o la muerte del paciente habría podido ser previsible, en el objetivo de fijar, así, la responsabilidad civil y penal.

Para tal efecto, continuó, se debe considerar las condiciones del paciente, la condición del lugar donde el galeno ejerce su función, la posibilidad que las diferencias individuales entre uno u otro paciente puedan no haber sido completamente estudiadas debidamente.

Reiteró que en un código solo se puede establecer indicaciones generales; será el juez el que verifique si efectivamente el acontecimiento lesivo o peor la muerte del paciente habría posible se previsible o no, según buena práctica médica y técnica.

Estamos hablando de los errores en el ejercicio de la práctica médica, de ninguna manera de todas las actuaciones que están fuera de este ámbito: la intervención quirúrgica inútil y la intervención equivocada de forma grave, que hacen parte de otro universo jurídico, sostuvo, tras expresar que la idea de sanción con prisión de dos a cuatro años tiene que merecer profundo análisis.

Biopiratería

También, la Comisión de Justicia recibió a Andrés Ycaza Mantilla, director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, quien solicitó tipificar e imponer sanciones para el delito de biopiratería.

Destacó que Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo, en razón de su gran riqueza en recursos genéticos y saberes culturales tradicionales, que han sido patentados por personas y organizaciones particulares, sin la respectiva autorización y responsabilidad de los pueblos y comunidades y, lo que es más, sin la redistribución justa y equitativa de beneficios.

MG

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