La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a las y los asambleístas a la continuación de la sesión No. 311 del Pleno, para esta mañana, a las 9H30, en la que proseguirá el primer debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
El proyecto, que se debate en el Pleno, es el resultado de un año y medio de trabajo y cerca de 50 sesiones de la Comisión de Soberanía Alimentaria que recogió las propuestas presentadas por asambleístas de diversas tendencias y organizaciones sociales como la FENOCIN, Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos, Corporación de Montubios del Ecuador, Red Agraria y la Conferencia Plurinacional por la Soberanía Alimentaria.
La comisión, previo a la elaboración del informe para primer debate realizó cinco comisiones generales en territorio y cuatro asambleas, en las que recogió el aporte de organizaciones sociales, gremios de la producción y organismos del Estado.
Este proyecto crea las herramientas y mecanismos para garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la productividad y producción agropecuaria para los ecuatorianos.
Con la propuesta se busca normar el uso y acceso a la tierra rural que deberá cumplir la función social y ambiental; regular la posesión, la propiedad, administración y redistribución de la tierra, como factor de producción propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.
También tiene como objetivo Incentivar la asociatividad y formular políticas públicas para fortalecer la agricultura familiar campesina en los procesos de producción, comercialización y transformación productiva; establecer mecanismos de control y eliminación de la concentración de tierras y desestimular la fragmentación de la tierra rural.
La Comisión de Soberanía Alimentaria recomendó al Pleno la realización de la consulta prelegislativa, como proceso sustancial de participación ciudadana que permite a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios y a las organizaciones titulares de derechos colectivos, ser consultados sobre temas específicos que pudieren afectar sus derechos colectivos.
PV
