En carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el asambleísta Marco Murillo Ilbay formalizó su renuncia a la vocalía de la Comisión de Fiscalización y Control Político, misma que deberá ser sometida a conocimiento y resolución del Pleno.
El representante de la provincia de Chimborazo solicitó se dé paso al segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la finalidad de garantizar que el Pleno cumpla su función y atribución de fiscalizar, sin que sean una limitante las decisiones de once asambleístas que conforman la Comisión de Fiscalización.
Fundamentó su renuncia en los hechos que se habrían presentado en la Comisión de Fiscalización, organismo en el cual se ha dado paso a juicios que no han tenido los sustentos documentales y pruebas del caso, mientras que en procesos como la solicitud de enjuiciamiento a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Juana Marcela Miranda, que cumplió todos los requisitos constitucionales y legales, cuyas pruebas fueron contundentes, se lo haya archivado.
Explicó que los compromisos para evitar el juicio a la socióloga Marcela Miranda están a la vista, pues se pretende favorecer a uno de los postulantes a Fiscal General del Estado, sin que la presidenta del Consejo de Participación haya dicho una sola palabra, en torno a las irregularidades denunciadas por los propios participantes del proceso.
Por ello, en mi calidad de presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, “exijo que se deje sin efecto el concurso de oposición y méritos para la designación de Fiscal General del Estado, caso contrario, propondré un nuevo juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que permitan que se consume la nominación de un fiscal al margen de la ley, con maniobras y procedimientos contrarios a la ética y la moral”, enfatizó.
Estaremos vigilantes de la forma cómo se lleve a cabo esta designación, concluyó Marco Murillo.
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