El vocal del Consejo de la Judicatura, Marco Tulio Cordero Zamora, el segundo encausado en ejercer el derecho a la defensa en el juicio político planteado por el asambleísta Mauro Andino, en contra de los integrantes del órgano de gobierno de la Función Judicial, a quienes acusa de incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley, pidió al Pleno se le siga un juicio justo y se señale con claridad las infracciones que ha cometido en el desempeño del cargo.
Al inicio de su intervención, el funcionario, evocando una frase de Fidel Castro, dijo: “he venido a esta casa no para injuriar a los dueños de casa, sino para decir mis verdades”.
De inmediato, explicó que ingresó al Consejo hace apenas 21 meses, tras ganar un concurso de oposición y méritos, tiempo durante el cual nunca ha manejado dinero, ni ha tenido capacidad para gestionar nombramientos.
“En mis 71 años no he cometido la más pequeña de las irregularidades. Hoy, en forma increíble, se han hecho insinuaciones injustas en contra de mi integridad, sugiriendo actos impropios”, subrayó, al proponer que de conformidad con el derecho de petición, una vez concluida su intervención, inmediatamente se emita la resolución de su juzgamiento, determinando su inocencia en este proceso, juzgamiento que debe desarrollarse en forma individual, analizando caso por caso, porque nadie puede responder por actuaciones ajenas.
Además, solicitó se certifique si en el oficio enviado por la asambleísta Silva Salgado por medio del cual se notifica el inicio del juicio político se determina qué norma jurídica específica ha violentado y si en la convocatoria a esta comparecencia se señala una norma que haya transgredido, “pues al no existir tales precisiones, no sé de qué se me acusa y, por consiguiente, no tengo de qué defenderme”, dijo.
Marco Tulio Cordero, aseguró que la convocatoria a juicio político violenta el artículo 76, numeral 7, literal l), que establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explican la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivadas, se considerarán nulos. Los servidores/as serán sancionados. En este caso, no hay motivación alguna.
Dijo que este mandato constitucional guarda concordancia con el artículo 424 de la Constitución, además que se violenta el artículo 82 de la Carta Magna, respecto al derecho de la seguridad jurídica, que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Por ello, insistió en que no existe una sola norma jurídica que motive este juicio político.
Por los antecedentes expuestos, espero, en estricta justicia, ser exonerado de cualquier responsabilidad. También solicitó se me juzgue en el marco de la Constitución y la Ley, partiendo de la presunción de inocencia a la que tiene derecho.
Marco Tulio Cordero, por el lapso de dos horas 15 minutos ejerció su derecho a la defensa ante el Pleno de la Asamblea.
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