En el marco del proceso de socialización, la asambleísta María Alejandra Vicuña (AP) explicó, en la ciudad de Cuenca, los alcances de su proyecto de Ley que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas, con el propósito de controlar y tipificar como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado.
En efecto, la asambleísta desarrolló el primer conversatorio taller en la capital azuaya, donde expuso el contenido de su propuesta, misma que se pondría en consideración de la Asamblea una vez que sean proclamados los resultados oficiales de la consulta popular, que se realizó el sábado 7 de mayo.
La representante de la provincia de Guayas manifestó: “Es necesario tipificar el enriquecimiento injustificado en la esfera privada, como un delito independiente, no sólo en función de que no tiene sentido el permitir que mientras para los funcionarios públicos existe una presunción de enriquecimiento ilícito por incrementos patrimoniales injustificados, para el sector privado esta norma no exista”.
Es fundamental, continuó, poder controlar focos de corrupción en la esfera privada que tanto daño le ha hecho al país, enfatizó.
Sostuvo que ha sido claro, especialmente en América Latina, que la corrupción que más daño le ha hecho al propio Estado y a la sociedad en general, ha sido la que proviene de actividades ilícitas en el ámbito privado, tras citar como el mayor ejemplo al atraco bancario.
Recordó que la regulación de esta figura “jamás afectará a los ciudadanos honestos que cumplen la Ley, pues ellos no tendrán problema en justificar el incremento normal y deseable de su patrimonio, ya que toda actividad lícita es perfectamente justificable.”
María Alejandra Vicuña señaló que el proyecto, que será difundido antes de presentarlo en la Legislatura, busca dar cumplimiento al mandato popular, el cual tendrá, sin duda, en cuenta límites, bases y techos que permitan generar presunciones adecuadas que respeten tanto el principio de inocencia como el de la carga de la prueba.
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