La asambleísta María Alejandra Vicuña sostuvo que más de 1.215.000 causas represadas son el más claro ejemplo de la catástrofe que vive el sistema judicial, que implica la consecuente y permanente violación del derecho humano fundamental que representa el poder acceder a una justicia oportuna, ágil y eficaz.
Indicó que ante esta realidad el Gobierno Nacional tuvo la decisión política de someter a conocimiento del pueblo ecuatoriano un proceso de reestructuración total de la justicia que fue democráticamente aprobado por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, mismo que se encuentra en marcha.
Recordó que el plan de reestructuración que ha diseñado el Consejo de la Judicatura de Transición incluye seis ejes fundamentales: Talento Humano, Modelo de Gestión, Infraestructura Civil, Tecnología, Gestión Financiera y Cooperación Interinstitucional; plan ambicioso cuya ejecución será un nuevo hito de la Revolución Ciudadana.
Dijo que su implementación requiere aproximadamente 600 millones de dólares que actualmente sólo pueden desembolsarse con la declaratoria de excepción que tiene como antecedente, no sólo el requerimiento del CJT, sino el reconocimiento del desastre que vive la administración de justicia desde años y la evidente intención de poder ejecutar lo dispuesto por el pueblo ecuatoriano en las urnas antes de que la conmoción se vuelva insalvable.
La asambleísta María Alejandra Vicuña, señaló que con la declaratoria de excepción, no se condicionan las sentencias, ni el trabajo de los servidores, la coordinación entre funciones del Estado, no implica interferencia de funciones, sino refleja la voluntad mancomunada de trabajar en beneficio del país.
Por último manifestó que el argumento de que no es permitido establecer excepciones para interferir otras funciones del Estado, cae por su propio peso, pues el decreto tiene como fin "garantizar el derecho a la justicia" que actualmente está condicionado ante la crisis del sector.
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