En las barras altas del Pleno de la Asamblea y en las afueras del Palacio Legislativo se encuentran más de 800 moradores del barrio Atucucho, quienes vinieron a respaldar el proyecto que analizan los asambleístas en primer debate, el mismo que tiene por objetivo regularizar la posesión efectiva para 1 700 familias asentadas en este sector, al amparo de los principios constitucionales.
En esta sesión, esta presente el Alcalde del Distrito Metropolitano, Augusto Barrera, quien será recibido en Comisión general y dará a conocer la voluntad y el respaldo de las autoridades de turno para solucionar y legitimar a los asentamientos humanos del predio Atucucho.
De esta manera, con la asistencia de 120 asambleístas, el Pleno inició el primer debate del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial No. 971 de 20 de junio de 1996 y Ley No. 2003-5, publicado en el Registro Oficial No. 90 de 27 de mayo de 2003
La propuesta que contiene tres artículos reconoce al Ministerio de Salud como propietario de los terrenos de Atucucho para que pueda proceder sin subasta pública a la venta directa a los legítimos posesionarios, y puedan realizar los trámites de escrituración y su posterior inscripción en el Registro de Propiedad.
Como se recuerda en la Comisión de Gobiernos Autónomos, el presidente del Comité Promejoras de Atucucho, Luis Robles, recordó que por dos ocasiones estuvieron a punto de lograr la legalización. La primera vez fue con un decreto legislativo de 1996 y la segunda con una ley emitida por el Congreso Nacional en el 2003. En primer caso, tras dos años de organización del barrio y de conseguir el dinero, llegó la dolarización y sus 250 millones de sucres se transformaron en 12 mil dólares y no les alcanzó para intentar negociar. En el segundo caso, el problema fue de decisión política.
Bajo estos argumentos, la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el asambleísta Virgilio Hernández, presentó el informe para primer debate del proyecto en mención, en virtud de que se enmarca dentro de la normativa constitucional y su inclusión en la legislación es absolutamente necesaria y conveniente.
JLVN
