El asambleísta Mauro Andino, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia y de la Ocasional de Comunicación, recibió a Christoph Riess y Rodrigo Bonilla, representantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRAN), con quienes dialogó sobre los alcances de la Ley de Comunicación y la propuesta de nuevo Código Integral Penal.
Al tiempo de defender la plena vigencia de la libertad de expresión en el país, Andino Reinoso comentó que los medios de comunicación y las frecuencias de radio y televisión están concentrados en ocho grupos familiares de empresarios que además son propietarios de grandes consorcios comerciales, industriales y bancarios.
Argumentó que el monopolio mediático unido a las restricciones legales ha impedido que en Ecuador se desarrollen los medios de comunicación comunitarios y solo a partir de 2007 se inició la conformación de un sistema de medios públicos, tras enfatizar que los medios comunitarios ocupan el 0% de la frecuencia de televisión y el 0,2% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios públicos apenas el 17% de las frecuencias de televisión y el 10,8 de las frecuencia de radio, según una encuesta de la UNESCO.
El doctor Mauro Andino también presentó una encuesta realizada por la Universidad de las Américas (UDLA) sobre el tema de cómo viven y piensan de la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos, la cual determina que de los 120 comunicadores entrevistados, el 44% afirma que se ha abstenido de publicar algo por presión de medios, el 33% por los grupos de poder, el 21% por anunciantes y el 19% por el gobierno. Ello demuestra que, en términos globales, el 88% de las acciones de censura provienen de actores privados, aunque los medios de comunicación nunca han visibilizado esta situación.
Inquietudes
Christoph Riess, director General de Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, expresó la preocupación del organismo sobre el contenido del artículo 119 del proyecto de Código Penal que establece la posibilidad de reprimir con prisión de uno a tres años a quienes imputen a la autoridad una injuria calumniosa, pues la criminalización de injurias calumniosas o no calumniosas va en contra de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2000.
A nivel de las legislaciones del mundo entero, las injurias calumniosas son objeto de sanciones civiles, por tanto, utilizar para estos casos un instrumento como la prisión, no le hace bien a la democracia, precisó.
Entre tanto, Rodrigo Bonilla Hastings, coordinador de misiones de la WAN-IFRA, dijo que la comunidad internacional está inquieta por los procesos legales que ha puesto en marcha el Presidente de la República en contra de periodistas y medios, lo que provocará una especie de autocensura de los comunicadores, por una conducta de intimidación y amenaza. También, llama la atención la actitud de la justicia en estos casos, puntualizó.
En respuesta, el legislador Mauro Andino sostuvo que la justicia, con absoluta independencia y autonomía, tendrá que pronunciarse sobre las demandas interpuestas por el Ejecutivo.
Personalmente consideró que el artículo 119 del Código Penal no debe pasar, más aún cuando el artículo 115 ya recoge y clarifica la materia de la injuria, subrayó.
Finalmente, anunció que la Ley de Comunicación podría entrar a debate a mediados de noviembre y que el informe para primer debate del nuevo Código Penal se espera presentarlo el 14 de diciembre.
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