Un intenso debate se dio en torno al pedido de declaratoria de interés nacional los recursos de los bloques 31 y 43, durante la sesión 253 del Pleno, donde la mayoría de asambleístas se pronunció a favor de aprobar una explotación técnicamente responsable, defendiendo los derechos de las nacionalidades y pueblos no contactados, así como la protección de la naturaleza y que los recursos que genere sean orientados a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos.
Con respecto a los pueblos no contactados, señalaron que en el informe de la Comisión de Biodiversidad se especifica con claridad que la Función Ejecutiva debe promover una política regional encaminada a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial y se exhorta al Mandatario que en cumplimiento de las Directrices de protección para estos pueblos de la región Amazónica y del Gran Chaco del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fortalezca una política regional encaminada a su protección.
Fueron enfáticos en afirmar “no hemos dado un paso atrás en la defensa de los derechos de los pueblos no contactados, ni en la defensa de la naturaleza”, por ello en el informe se establece una serie de recomendaciones y observaciones que garantizan estos derechos y principios que constan en la Constitución.
Expresaron que el Ecuador posee la tecnología necesaria para aprovechar los recursos naturales no renovables, minimizando el impacto sobre la naturaleza, a la vez que resaltaron que habrá prioridad para la inversión en el desarrollo de la Amazonía con la explotación de los bloques 31 y 43.
Así mismo, se pidió que en el informe se incluya una recomendación adicional que esté orientada a garantizar la salubridad en el área del Yasuní donde hayan pueblos en aislamiento voluntario, al tiempo de anotar que la decisión que tome la Legislatura será histórica, ya que se viabilizará el combate a la pobreza extrema para mejorar la situación económica y el desarrollo de los pueblos y nacionalidades y por ende del país.
Los parlamentarios del Movimiento Avanza también manifestaron su respaldo a la declaratoria, argumentando que es necesario cambiar la matriz productiva y energética para salir de la pobreza, tomando en cuenta que la extracción de petróleo se lo va a realizar con tecnología de punta, con responsabilidad ambiental, protegiendo los recursos naturales y los derechos de los pueblos no contactados y en aislamiento.
En el marco del primer debate el asambleísta Franco Romero mocionó el archivo de la petición, propuesta que no tuvo los votos necesarios, únicamente se registraron 22 votos afirmativos, mientras que los negativos sumaron 67.
Así mismo, la legisladora Lourdes Tibán, dijo que la declaratoria de interés nacional para la explotación en los bloques 31 y 43 del proyecto Yasuní, de conformidad con los artículo 407 de la Constitución y 49 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, requiere por legitimidad la consulta al pueblo ecuatoriano, por ello, planteó que la Asamblea Nacional ordene al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular. La propuesta obtuvo 19 votos afirmativos, 51 negativos y 23 abstenciones, por tanto, no fue aprobada.
Asambleístas alineados en la oposición, al expresar su posición en contra de la explotación de petróleo, señalaron que la economía del país no debe depender del petróleo sino más bien de otras actividades productivas como la agroproducción, la agroindustria, el turismo. Hay que tomar en cuenta que el único bien inagotable en el Ecuador es el emprendimiento.
Recordaron que la Constitución garantiza los derechos de la naturaleza, de las nacionalidades y pueblos en aislamiento voluntario y que se debe tomar en cuenta algunos aspectos que fueron presentados por las cuatro comisiones encargadas de preparar un informe en las áreas de su competencia, a fin de garantizar la mano de obra local, en caso de que se apruebe la declaratoria.
Manifestaron que el usar tecnología de punta no garantiza que no se afecte al medio ambiente y por ende los problemas en salud de los pobladores y eso se ha visto en otros países.
La sesión concluyó pasadas las 20h30, luego de más de 9 horas de un intenso debate, en el que intervinieron 45 legisladores y representantes de organizaciones sociales quienes apoyaron esta iniciativa.
Las observaciones serán remitidas a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que se encargará de la sistematización y la elaboración del informe para segundo debate.
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