El referido organismo fue integrado mediante Decreto No. 305 el 3 de mayo de 2007, por parte del Presidente de la República, Rafael Correa, con la finalidad de garantizar la realización de la justicia, el descubrimiento de la verdad y la reparación a las víctimas en los casos de violación de derechos humanos ocurridos entre 1984 y 1988, y otros casos especiales, como el llamado “caso Fybeca”.
Dentro de su análisis, el ente legislativo, presidido por María Paula Romo, resaltó que el funcionamiento de este tipo de comisiones ha sido reconocido por la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en el 61 período de sesiones, el 8 de febrero de 2005, aprobó el “Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”.
Se argumentó que en Chile, Argentina, El Salvador, Ghana, Guatemala, Panamá, Sudáfrica, entre otros países, se ha establecido comisiones para la verdad, pero en la mayoría de casos se han presentado contra sus miembros, colaboradores y testigos acciones intimidatorias, amenazas a su integridad personal y la persecución judicial por medio de procesos penales y civiles sin fundamento.
Contenido del proyecto
Según la propuesta, los miembros de la Comisión de la Verdad no serán responsables por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones de investigación y gozarán de inmunidad civil y penal exclusivamente, por las conclusiones, recomendaciones, análisis y develamiento de las circunstancias constantes en su informe final y cualquier otro documento hecho público como resultado de sus investigaciones.
De considerarlo necesario, antes o después de la presentación de su informe final, la Comisión de la Verdad requerirá a la Fiscalía General del Estado se acojan, dentro de su programa de protección a víctimas y testigos, a sus miembros o a aquellas personas que hayan contribuido en el proceso de investigación realizado por el organismo, siempre que se considere que su seguridad pueda estar en peligro.
MG/pv
