Soad Mansur y Raúl Franco, miembros de la Junta Bancaria, en representación del Ejecutivo, responsabilizaron a la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, de haber incumplido las resoluciones adoptadas por el organismo regulador, así como las disposiciones y facultades determinadas en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, en torno a la recuperación de pasivos de las 32 instituciones bancarias declaradas en liquidación forzosa.
Dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra la ingeniera Gloria Sabando, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, explicaron que la Junta Bancaria, en ejercicio de sus facultades reguladoras, emitió resoluciones para dar curso a la recuperación de las acreencias de la banca cerrada, en el primer caso, con fecha 3 de julio 2008, se autorizaba a la Superintendenta de Bancos a que, a su vez, disponga a los liquidadores aplicar lo previsto en el Art. 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en las instituciones financieras que a esa fecha se encontraban en liquidación forzosa, es decir, tomar inmediatamente la administración de los bienes de la institución financiera y de los bienes, acciones y participaciones de las compañías y empresas de propiedad de los accionistas que posean más del 6% de las acciones suscritas o administradores que hayan incurrido en infracciones a la ley.
Sostuvieron que luego, el 21 de septiembre 2009, mediante resolución 1427, estableció que hasta el 15 de noviembre del mismo año los liquidadores debían señalar los montos de las pérdidas de los bancos y los casos en los cuales se tenía que aplicar los artículos 127 y 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
Ninguna de estas resoluciones fue cumplida por la ex Superintendenta de Bancos, subrayaron, al reiterar que ni siquiera se necesitaba de una resolución de la Junta Bancaria para ejercer las facultades previstas en los artículos antes citados.
Los vocales de la Junta Bancaria, quienes acudieron al organismo legislativo por solicitud del asambleísta interpelante Rolando Panchana, subrayaron que las notificaciones a los ex accionistas de la banca cerrada para el cobro de las acreencias fueron mal realizadas, porque no se han establecido las respectivas responsabilidades y la precisión de los montos adeudados, lo que dio lugar a que estos ciudadanos impugnen la medida adoptada por la ex funcionaria.
En torno al déficit patrimonial, que ascendería a 927 millones 58 mil 936 dólares, coincidieron en señalar que ese valor, que consta en el informe presentado por la Dirección de Entidades en Liquidación, corresponde al hueco patrimonial, no obstante sería necesario hacer un inventario respecto de los activos existentes, los bienes incautados y demás, para saber cuál es el monto real de las pérdidas para el Estado.
Así mismo, atribuyeron a una confusión el que se diga que las actuaciones de la ingeniera Gloria Sabando fueron avaladas por la Junta Bancaria, puesto que ese organismo es de carácter regulador, mientras que a la Superintendencia le corresponde ejecutar y controlar las políticas emanadas de la Junta.
Pruebas de oficio
Al cierre de la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, aprobaron como pruebas de oficio, solicitar a la Superintendencia de Bancos remita una matriz cronológica que establezca las decisiones de la Junta Bancaria, las acciones cumplidas por la Superintendencia, las acciones pendientes y los responsables, en torno a la recuperación de pasivos de la banca cerrada.
Igualmente, convocar a los ex miembros de la Junta Bancaria en los períodos 2008, 2009 y 2010, para que expliquen su actuación en esta temática, así como al Director Nacional de Entidades en Liquidación, Fabricio Zambrano, para que establezca el monto real de las pérdidas de la banca cerrada y solicitar copias de los audios y copias certificadas de las actas de las reuniones de la Junta Bancaria correspondiente a febrero de 2010.
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