El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Walter Solís, al informar los resultados de la auditoría a la concesionaria Interagua, dijo que con base en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 1425, la Comisión designada para el estudio recomienda la renegociación del contrato, en virtud de que las observaciones encontradas no generan causal para declarar la terminación ni la caducidad del mismo.Aseguró que el contrato no especifica sanciones a posibles incumplimientos y que el plazo de la renegociación se definirá en las mesas de trabajo que se implementarán para el cumplimiento de las observaciones, al tiempo que advirtió que la falta de acuerdo en la renegociación permitirá al Estado ecuatoriano proceder a la terminación de la concesión.
El funcionario acudió a la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por el asambleísta Jaime Abril, en donde dijo que la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), es el organismo regulador y de control de la concesión de agua potable y saneamiento de Guayaquil.
Señaló que el 4 de enero del 2010 ECAPAG, conjuntamente con el MIDUVI, inició las mesas de negociación, bajo el esquema de análisis a la revisión quinquenal de las tarifas; análisis del ponderador del factor de actualización trimestral de la tarifa; análisis de cumplimiento de metas para el tratamiento de aguas residuales; análisis del cumplimiento contractual del mínimo de facturación y desarrollo de una tarifa social.
Aseveró que el trabajo se fundamenta en tres ejes fundamentales: tarifa social, régimen de sanciones por no cumplimiento de metas; arbitraje internacional, a la vez que señaló que en la segunda reunión se trató la aplicación de la tarifa social que beneficie a los habitantes de escasos recursos económicos.
Informó que la auditoría a Interagua se realizó en el campo financiero, jurídico, ambiental y social. En lo financiero, entre otros aspectos, se detectaron distorsiones en la ecuación del costo, producto de variables no aplicables; en lo jurídico, debe precisarse las causas para la aplicación de las multas por incumplimiento de la concesionaria; en lo ambiental, los parámetros del cumplimiento de la normativa ambiental contractual no son aceptables, para el año 2009; en lo social, existe una ausencia de tarifa social, el eje de las críticas se concentra en el cobro excesivo en los sectores populares. El contrato no garantiza cobertura de servicio en zonas marginales.
Por su parte el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, manifestó su preocupación porque no se ha declarado la terminación del contrato de concesión, si en la auditoría se advierten problemas económicos, sociales y ambientales para la població.
Tras insistir que frente a esa situación no cabe renegociar el contrato, manifestó que es fundamental conocer el nivel de utilidades que ha obtenido Interagua y cuál es la contribución al Estado.
Porqué se defiende la participación de una empresa que no da buen servicio, ni cumple a cabalidad el contrato para dotar de agua potable, alcantarillado y mejorar los sistemas de agua residuales, preguntó el asambleísta, al recordar que los gobiernos autónomos descentralizados, como son los municipios, deberían asumir, la total responsabilidad de crear infraestructuras para dotar de agua potable a sus habitantes y proveer de infraestructura para que las aguas residuales a través de lagunas de oxidación se conviertan en aguas limpias para riego.
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