El asambleísta Fernando Bustamante Ponce, en su condición de presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, convocó para el próximo miércoles 7 de julio, a las 10h00, al ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, a fin de que informe sobre el tema del supuesto espionaje telefónico.El Titular del organismo legislativo, también, indicó que a la reunión ha sido invitado el secretario de Inteligencia Nacional, Paco Jijón, tras precisar que la denuncia publicada en un medio de comunicación de Guayaquil en torno a la presunta acción de los servicios de inteligencia colombianos en nuestro país, que habrían interceptado llamadas a altos funcionarios gubernamentales entre los años 2008 – 2009, es motivo de preocupación de todas las instancias del Estado, no solo del Ejecutivo.
En el supuesto no consentido de que tales denuncias fueran verdaderas constituirían una gravísima violación de nuestra soberanía, de los derechos de las personas afectadas, además tendría funestas consecuencias entre ambos pueblos y sería una burla al proceso de acercamiento y de pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas, precisó, al enfatizar que es necesario esperar los resultados de las investigaciones correspondientes.
Reiteró que es fundamental que el Estado en todas sus instancias preste total atención a este tema y busque la forma de aclarar los hechos para disipar cualquier duda que pueda persistir, por tanto, los funcionarios deberán explicar a la Asamblea qué sabe el Ejecutivo respecto de esas versiones, cómo se están llevando a cabo las indagaciones pertinentes y cómo se piensa dilucidar esta oscura sombra de duda que se cierne sobre nuestras relaciones bilaterales.
Bustamante exhortó al gobierno de Colombia para que preste toda la colaboración al esclarecimiento de la información publicada. Sería conveniente saber el nombre del supuesto informante que estaría abasteciendo al medio de sus datos, respetando, profundamente, el derecho de la prensa a la reserva de fuente.
Comentó que los artículos 66, numeral 21, de la Constitución; y, 121, 148, 197 y 202 del Código Penal determinan claras sanciones contra el espionaje. Así, serán reprimidos de dos meses a un año quienes interceptan sin orden judicial conversaciones telefónicas; de seis meses a un año el que emplea cualquier medio electrónico para violentar claves o sistemas de seguridad protegida, subrayó.
Si la información fuere relativa a la Seguridad Nacional, será reprimido de uno a tres años de prisión, concluyó el Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales.
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