Igualmente, el organismo legislativo invitó para el miércoles 14 al Ministro de Justicia, Néstor Arbito Chica.
Obligaciones generales y ámbito de aplicación
Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia a emplear municiones en racimo; desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a nadie, directa o indirectamente, este tipo de material; ayudar, alentar o inducir a nadie a participar en una actividad prohibida.
Se aplica a bombetas explosivas que están específicamente diseñadas para ser dispersadas o liberadas de dispositivos emisores fijados o aeronaves; no se aplica a las minas.
Por víctimas de municiones en racimo se entiende todas las personas que han perdido la vida o han sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación social o un daño substancial en la realización de sus derechos debido al empleo de esas municiones. La definición incluye a aquellas personas directamente afectadas por ese material, así como familiares y comunidades perjudicados.
Por munición en racimo se entienden una munición convencional que ha sido diseñada para dispersar o liberar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos.
Cada Estado Parte deberá, de conformidad con la legislación nacional, separar todas las municiones en racimo bajo su jurisdicción y control de las municiones conservadas para uso operacional y marcarlas para su destrucción en un plazo de ocho años, asegurando que los métodos de destrucción cumplan las normas internacionales aplicables para la protección de la salud pública y el medio ambiente.
MG
