Los ministros de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano; del Interior, José Serrano; de Defensa (encargada) Rosa Pérez; y, los viceministros de Ambiente, Nancy Borbor; de Recursos Naturales no Renovables, Federico Auquilla, advirtieron que la minería ilegal se practica sin ningún criterio técnico lo cual ha provocado un impacto ambiental y la contaminación de las aguas en perjuicio de más de 70 mil personas que habitan en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
Homero Arellano señaló que las aguas que contenían arsénico, plomo, mercurio, cianuro estaban provocando discapacidad intelectual y otros problemas de salud a los pobladores. La minería ilegal provoca la evasión tributaria; promueve el lavado de dinero, las maquinarias no estaban en manos de los pequeños mineros sino de grandes potentados que lo único que buscaban era el enriquecimiento personal, subrayó.
De su lado. José Serrano, ministro del Interior, señaló que la tragedia de la minería debía ser combatida, pues la Constitución establece derechos para la naturaleza y las personas, por ello, gracias a la acción del Juez XXII de Garantías Penales de Pichincha, Juan Hernández Cárdenas, mediante una medida cautelar, en forma legítima y legal actuaron las Fuerzas Armadas y la Policía, puesto que estaban terminando la vida de las comunidades, de la pachamama y , a más de ello, incurrían en grandes evasiones tributarias.
Explicó que por algunas ocasiones se trató de persuadir a quienes realizaban la minería ilegal de no proceder en contra de las atribuciones constitucionales y legales; buscaron el apoyo de las autoridades locales, pero que hicieron caso omiso del clamor ciudadano y de las advertencias de los funcionarios. En tal virtud, mediante la decisión firme de terminar con esa minería ilegal, se procedió a la destrucción de las 67 retroescabadoras. Todas las acciones fueron legales y legítimas, dijo.
Entre tanto, Rosa Pérez, ministra (e) de Defensa, dijo que la actuación de las Fuerzas Armadas dentro del operativo, denominado Ambiente Limpio Uno, estuvo sustentada en el decreto Ejecutivo de estado de excepción; la medida cautelar emitida por el Juez 22 de Garantías Penales de Pichincha y en Plan Nacional de Defensa Interna que tiene el carácter de reservado.
Lo que se hizo es actuar como una institución protectora de derechos y garantías de los ciudadanos, porque es una de las misiones fundamentales de las Fuerzas Armadas, subrayó, al expresar que como Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, cree que el incumplimiento de una orden judicial, constituiría un acto de suma gravedad para esta entidad, porque implicaría el desconocimiento del estado de derecho que exige el sometimiento de la administración y de sus autoridades al ordenamiento jurídico.
Nancy Borbor, viceministra de Ambiente, fundamentó su defensa en el artículo 397 de la Constitución que determina que en caso de daños ambientales el Estado de manera inmediata y subsidiaria actuará para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca y esto estaba enmarcado en el decreto Ejecutivo 783, artículo 4 que señala que se podrá conformar un equipo técnico encargado de coordinar actividades operativas para la eliminación de minería ilegal.
Luego de este proceso, se tomaron acciones y correctivos inmediatos tanto ambientales como un estudio de las condiciones de salud de los pobladores, recalcó.
Mientras, tanto, Federico Auquilla, viceministro de Recursos Naturales no Renovables, puntualizó que llama la atención que cuando se hace una acción de protección a los pobladores y a la naturaleza, se les juzga y se les acusa de actuar mal. En este marco, se preguntó quién va a remediar ese tremendo daño ambiental y los efectos de salud de los comuneros.
Los asambleístas Ángel Vilema, Rolando Panchana, Irina Cabezas, Zobeida Gudiño, Mercedes Diminich, Raúl Abad, consideraron de vital importancia defender la vida de los pobladores de este sector y del ecosistema, afectados por la minería ilegal.
Mientras que los asambleístas Kléver Jiménez, Fernando González, Alfredo Ortiz, Thomás Cevallos, Guido Vargas, Wladimir Vargas, César Gracia, Linder Altafuya, precisaron que se debe garantizar el debido proceso de los mineros. Si bien es necesario defender los derechos de la naturaleza y de las personas, aún no se entiende bajo qué precepto legal se aplicó la destrucción de la maquinaria que esté siendo mal utilizada, en este caso en San Lorenzo y Eloy Alfaro.
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