Por unanimidad de los presentes (9), la Comisión de Biodiversidad resolvió invitar para la próxima semana, a los ministros de Defensa, Javier Ponce; de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano; de Ambiente, Marcela Aguiñaga; y, de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, para que expliquen el operativo militar a través del cual se inhabilitaron 67 retroescabadoras que se usaban para la extracción ilegal de oro por parte de los pequeños mineros, en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
El asambleísta Fernando González, autor de la propuesta, pidió a la comisión que la invitación a los funcionarios de Estado se la haga de manera inmediata, puesto que es necesario conocer cuáles fueron las circunstancias del operativo.
Estamos de acuerdo que se debe defender los derechos de la naturaleza para alcanzar el buen vivir anhelado por todos los ciudadanos, dentro de una política estatal adecuada, pero lo que no se puede permitir es que por causa de una minería ilegal se produzcan acciones que se enmarquen en el campo bélico, subrayó González.
Es necesario, dijo que el gobierno nacional realice una acción política, no solo de gobierno, sino estatal para saber en qué forma se puede mitigar estos procesos y legalizar a los diferentes mineros que están haciendo una actividad inadecuada.
Manifestó que no entiende por qué se procedió de esta manera y bajo qué precepto legal se aplicó la destrucción de la maquinaria que está siendo mal utilizada, en este caso en el catón San Lorenzo, si todavía no existe una disposición legal que otorgue esta facultad, razón por la cual es necesario que las autoridades que estuvieron a cargo de esta acción, expliquen su decisión.
De su lado, el asambleísta Rolando Panchana pidió a la presidenta del organismo legislativo, Rosana Alvarado que la convocatoria a los Ministros de Estado se la haga en conjunto, a fin de confrontar las criterios expuestos por cada uno de ellos; y, que se solicite a través del Consejo de la Judicatura copia del proceso del juzgado 22 de Garantías Penales de Pichincha.
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