Los asambleístas Gerónimo Yantalema, Ramiro Teran, Lourdes Tibán y Magaly Orellana respaldó la marcha organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que tiene por objetivo pedir al Presidente de la Asamblea Nacional y a los integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria la ampliación del plazo para analizar a profundidad los temas considerados como nudos críticos.Insistieron que previo a la aprobación del informe para segundo debate urge resolver los nudos críticos relacionados con la institucionalidad del agua y participación; tarifas diferenciadas y gratuidad del riego para la soberanía alimentaria; aprovechamiento productivo, contaminación y protección de zonas de recarga hídrica; desprivatización y desconcentración, fondo del agua para la vida y la creación de un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, así como la no privatización de este recurso.
El asambleísta Gerónimo Yantalema manifestó que la Autoridad Única del Agua debe estar constituida por el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, el que ejercerá la rectoría del Sistema Nacional del Agua en todo el territorio nacional. Este consejo será un órgano colegiado, entre delegados de los niveles del gobierno central y descentralizado y con representación y participación plena intercultural y plurinacional de las organizaciones nacionales legalmente reconocidas de los usuarios del agua, de los ciudadanos, de los pueblos y nacionalidades y de los consumidores.
Indicó que la privatización del agua afecta tanto al campo como a la ciudad y especialmente a la economía de las personas, porque no es justo que un cuarto de litro de agua cueste más que un litro de leche. Frente a esta situación dijo que la Ley de Aguas debe garantizar la desprivatización total.
Manifestó que las zonas de recarga hídrica deben ser una política de Estado que permita la protección y preservación de los caudales de agua, por lo que es conveniente la reestructuración radical de la institucionalidad del agua que ha sido cómplice y encubridora de la privatización, acaparamiento, del deterioro de las zonas de recarga hídrica y sobre todo de la contaminación que se ha dado a nivel del país.
De su lado las asambleístas Lourdes Tibán y Magaly Orellana manifestaron que estarán alertas para que la Comisión 7 no deje para el último el análisis de los temas en conflicto, mismos deben ser resueltos conjuntamente con los sectores involucrados a fin de llegar a consensos.
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