Al pedir al Pleno de la Asamblea la sensibilidad para aprobar el proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo, publicado en el Registro Oficial 971, de 20 de junio de 1996 y la Ley No. 2003-5, publicada en el Registro Oficial de 27 de mayo de 2003, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Augusto Barrera, indicó que a través de la esta propuesta, se resolverá la inseguridad jurídica de los posesionarios de Atucucho y avanzar a un modelo en el cual cada familia y cada persona tenga su escritura y con ello romper el clientelismo y el paternalismo.
Necesitamos como ciudad, avanzar en el ordenamiento territorial, para ello es indispensable una intervención en espacios públicos tanto de parques como de proyectos dignos para este sector, sobre todo para mejorar la calidad de vida de la población, acotó.
Indicó que en los años 70 muchas de las ciudades, Quito particularmente, vivió un proceso migratorio del campo a la ciudad, lo cual implicó el rebasamiento de capacidad de desarrollar una ciudad planificada, adecuada y ordenada.
Uno de esos procesos más intensos que ocurrió a partir de 1986, fue precisamente, en la zona de Atucucho, en la cual viven, aproximadamente, 3 mil familias y más de 10 mil quiteños. En estos 26 años, no hubo la posibilidad de regularizar este asentamiento que ocurrió en lo que fue una hacienda del Ministerio de Salud Pública y fue, inicialmente, un proyecto de vivienda propiciado en el gobierno de León Febres Cordero, recordó.
Sin embargo, dijo, a lo largo de estos años, ha sido absolutamente imposible construir condiciones para regularizar adecuadamente este asentamiento, es por esta razón, que pidió a los asambleístas consideren la necesidad de aprobación de esta Ley Interpretativa, que permitirá viabilizar la regularización de la zona de Atucucho.
Esta disposición faculta la venta directa de parte del Ministerio de Salud Pública, sin subasta previa a los posesionarios. También, establece los procedimientos específicos por los cuales el Municipio elaborará un catastro para que cada uno de estos terrenos se convierta en patrimonio familiar de cada uno de los beneficiarios.
Explicó que nadie podrá tener más de un terreno y los espacios verdes se incorporarán como patrimonio municipal para lograr un desarrollo organizado.
Nosotros nos hemos preparado por mucho tiempo para llegar a este punto, pero estas 3 mil familias de Quito demandan que la Asamblea considere que estamos como autoridades para resolver los problemas concretos de la gente, pues para ello nos eligió el pueblo ecuatoriano, concluyó.
JLVN
