El superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines Chacón, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Gabriel Rivera López, subrayó que de conformidad con la resolución adoptada por el Pleno de la Legislatura tras la interpelación y censura a la exsupetintendenta Gloria Sabando, la entidad ha mantenido permanentemente informada a la Asamblea sobre las acciones seguidas para cobrar a los deudores de la banca cerrada.Aseguró que se trata de un proceso muy complejo que, sin embargo, se ha avanzado en múltiples diligencias, sobre todo desde que se aplicaron las reformas legales introducidas en marzo de 2012, por las cuales se faculta a la Superintendencia de Bancos la gestión de cobro respecto de la banca cerrada hasta 2010, a través de resoluciones y regulaciones adoptadas por la Junta Bancaria.
No obstante, indicó, todavía existe la imposibilidad de aplicar intereses a las obligaciones de la banca cerrada, por cuanto existen 10 pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, nueve de los cuales son reiterativos y ratificatorios en el sentido que no existe una norma explícita que establezca la posibilidad que las deudas de esta naturaleza generen intereses y en derecho público solo se hace lo que está escrito.
Al respecto, el funcionario aclaró que su posición personal es que toda deuda genera un interés en el tiempo, más si se trata de una crisis que viene desde hace 13 años, por lo que al interior de la Junta Bancaria planteó que se realice una nueva consulta a la Procuraduría, incluyendo nuevos elementos de juicio, a fin de que se emita un pronunciamiento favorable al cobro de intereses, pero los miembros de este organismo consideraron que los llamados a formular dicho requerimiento son la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep), que reemplazó a la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD y el Banco Central del Ecuador, BCE.
Subrayó que otro de los aspectos en que ha avanzado tiene que ver con las acciones de cobro a los funcionarios públicos que, a su turno, ejercieron las funciones de administradores, liquidadores y otras denominaciones en los bancos en saneamiento y en liquidación. Para el efecto, es necesario que la Contraloría General del Estado concluya los exámenes especiales de auditoría, a fin de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y proceder con las respectivas gestiones.
Se mostró partidario de emprender en reformas legales que permitan fortalecer y blindar algunas actuaciones de los organismos encargados de la gestión de cobro, porque muchos de los coaccionados han interpuesto una serie de arbitrios legales, como acciones de protección, procesos contencioso administrativos para evitar el pago de acreencias.
Agradeció la predisposición política demostrada por la Comisión para emprender en las decisiones legislativas que sean necesarias, a fin de cumplir con este encargo de precautelar los intereses del Estado.
De su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Gabriel Rivera, tras agradecer la presencia del Superintendente de Bancos, reiteró que existen 100 asambleístas que no permitirán que el atraco bancario que inició en 1999 quede en la impunidad y que coadyuvarán a que se cobren todos los montos adeudados, incluidos los correspondientes intereses, porque esa es una demanda de la sociedad en su conjunto.
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