“Nosotras y nosotros, al momento de plantear el juicio político con varios argumentos que sustentan las cinco acusaciones, nos quedamos cortos frente a los testimonios de hombres y mujeres que han venido, sin inmunidad, a relatar la serie de irregularidades que se han cometido en la Fiscalía, con la anuencia del doctor Washington Pesántez”, subrayó la asambleísta María Paula Romo, al concluir la fundamentación de la solicitud de juicio político en contra del Fiscal General del Estado.Recordó que a diferencia de un juicio penal, aquí no se trata de establecer qué y cuántos delitos cometió el doctor Pesántez o dónde está el arma homicida; al tratarse de un proceso político, lo que se busca es qué tipo de funcionario queremos y qué tipo de funcionario tenemos en la Fiscalía, que en democracia es una institución fundamental para garantizar la realización plena de la justicia para todos los ciudadanos.
“No señor Pesántez, no somos cuatro personas, ni 34 que suscribimos el pedido de juicio político, posiblemente seremos más 63, quienes junto al pueblo ecuatoriano, queremos que se conozca la verdad; sabemos al poder que nos enfrentamos, pero hemos vencido el miedo. No pierda su tiempo con los calificativos en contra de los asambleístas que lo juzgamos, con eso nada dice para esclarecer las acusaciones, nada aporta sobre el incumplimiento de sus funciones, nada dice sobre la retención de un lujoso vehículo por más de 10 meses, nada aporta para saber si se actuó o no con transparencia en los procesos de selección de funcionarios de la Fiscalía”, añadió.
La asambleísta Romo enfatizó que el señor Fiscal asoma muy duro en sus comentarios y afirmaciones, supuestamente en contra de la corrupción, pero solo ha sido frente a las cámaras de televisión, porque en la práctica, jamás ha asistido a una sola audiencia de formulación de cargos, en procesos importantes en los que han estado en juego los intereses del Estado.
Al concluir su intervención, pidió a la Comisión de Fiscalización que valore las pruebas y considere que ya no queda duda alguna de que hay responsabilidad del Fiscal en una serie de irregularidades cometidas en su administración. “No nos crean a nosotros, créanles a los testigos que han venido a decir valientemente lo que pasa en la Fiscalía, créanles a los testigos presentados por el propio doctor Pesántez, que confirmaron varios de nuestros argumentos. Este juicio no lo hacemos por diferencias políticas o porque queremos tomarnos la Fiscalía, lo hacemos por los miles y miles de compatriotas que no quieren que se siga atropellando al ciudadano común, que no quieren que continúe el abuso de poder para hacer justicia para unos y dejar en la impunidad a otros”, subrayó.
Archivo provisional de causas
Entre tanto, la legisladora Rosana Alvarado rebatió las afirmaciones de la doctora Elsa Moreno, funcionaria de la Fiscalía, quien trató de justificar la disposición por la cual se instruía a los agentes fiscales sobre el archivo provisional de las causas de ínfima cuantía en delitos aduaneros, tributarios y de contraloría, con lo cual se perjudicó al Estado ecuatoriano, porque estas causas tienen que ver con acciones de contrabando, evasión de impuestos y presunto peculado.
Indicó que, de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, que tiene carácter supletorio frente a los vacíos del procedimiento penal, reconoce como ínfima cuantía aquello que no supera los 5 000 dólares, es decir que sobre causas de esta cuantía, se dictaba el archivo provisional, en perjuicio de los intereses, no de personas particulares, sino de la Patria en su conjunto.
Dijo que todas las acusaciones en contra del Fiscal General han sido confirmadas con las sucesivas comparecencias realizadas entre martes y miércoles de esta semana, con testimonios dramáticos sobre el abuso de poder y el incumplimiento de funciones. “Claro que hubo incumplimiento, porque el doctor Pesántez prefirió dedicarse a inaugurar edificios, dar ruedas de prensa, entrevistar postulantes a los cargos en la institución, antes que precautelar los intereses de la ciudadanía, desde la investigación procesal y preprocesal penal, como manda la ley”, explicó.
Reiteró que la disputa entre el poder y la decencia también está en la ciudadanía, por lo que nadie comprenderá que alguien se abstenga o vote por el archivo del juicio político. La abstención o archivo del proceso será la negación de la verdad; queremos demostrar que en la política y en la justicia sí hay espacio para la decencia, este es un caso de valentía de hombres y mujeres decididos”, sentenció.
Irrespeto a la Asamblea
De su lado, el asambleísta César Gracia subrayó que el irrespeto a la Asamblea es causal suficiente para enjuiciar políticamente al Fiscal General, quien en reiteradas ocasiones y a través de los diferentes medios de comunicación se ha referido en términos ofensivos, con injurias, calumnias e insultos, a los asambleístas que firmamos la solicitud de juicio político, pretendiendo desconocer las normas contenidas en los artículos 120, numeral 9 de la Constitución y 9, numeral 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta a la Función Legislativa a fiscalizar los actos de otras funciones del Estado y los órganos del poder público.
Aseguró que las estadísticas de cumplimiento de la Fiscalía son reveladoras, ya que de 100 denuncias que presenta la ciudadanía, apenas en ocho los agentes fiscales encuentran mérito para iniciar el proceso penal, por lo que la fiscalización es oportuna y el pueblo tiene derecho a saber la verdad.
La fiscalización la hacemos todos
Al finalizar la audiencia, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, tras agradecer la amplia participación de la ciudadanía en la jornada de este jueves, aseveró que la fiscalización no la hace solo la Comisión, sino la Asamblea en su conjunto. “Hemos sustanciado cuatro procesos, cuyos informes han sido presentados y sería bueno que se difundan para conocimiento de todos y todas. Espero que esta participación se mantenga y que la fiscalización sea permanente”, concluyó.
EG
